“El pleno lo tiene que aceptar, lo pueden cambiar, lo puede transformar, así que lo más prudente es que eso pase al pleno y ahí vamos a defender nuestra postura”, dijo.
El presidente de la CBI, senador Eusebio Ramón Ayala (PLRA, efrainista), manifestó que a su criterio tenía que haberse emitido un dictamen incluyendo las decisiones en mayoría y dejando constancia de las decisiones en minoría.
Resaltó el hecho de que se haya decidido remitir las conclusiones a la justicia ordinaria, a fin de poner a disposición de la Fiscalía los documentos a los cuales accedieron los legisladores. Indicó que la comisión seguirá investigando.
Ahora apuntan a Leros
Ayala explicó que con la presentación de las conclusiones anoche, se culminó la primera parte del trabajo de investigación que realizó la CBI desde el 14 de agosto hasta ayer.
Comentó que ahora se abocarán a ahondar sobre lo relacionado al intento de venta de energía producida por Itaipú y es ahí donde aparece la firma brasileña Leros.
“Ahora vamos a tener algunos testimonios de los representantes de la empresa Leros y de otras, y de algún otro funcionario de la ANDE con respecto a la comercialización de la energía que había quedado suspendida”, relató.
Agregó que culminado ese primer trámite, enviarán “inmediatamente” notas a los directivos de dicha empresa brasileña, ya sea a sus representantes que estén en Paraguay o directamente a algún referente que esté en Brasil, para consultas.
El objetivo es que los mismos asistan a la convocatoria, tal como ocurrió con las realizadas a autoridades paraguayas y funcionarios, que fueron 20 en total, durante dos meses y medio de investigación.
Ayala, al ser preguntado si sería llamado el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, vinculado a Leros a través de José “Joselo” Rodríguez, manifestó que están vedados de hacerlo.
Fue en alusión al artículo 195 de la Constitución Nacional, que habla sobre las Comisiones de Investigación, y que señala en uno de sus párrafos que “el Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y los magistrados judiciales, en materia jurisdiccional, no podrán ser investigados”.