Darío Messer y los Zacarías pretendían el valioso terreno

Apenas asumía la Presidencia de la República Horacio Cartes en el 2013, amigos suyos y de su “hermano del alma” Darío Messer iniciaron un plan para instalar un hotel casino de cadena internacional en el inmueble de casi 12 hectáreas ubicado en la entrada al país, en Ciudad del Este, donde se encuentran la zona primaria. En octubre de 2013, luego de un viaje a Israel, el diputado investigado Justo Zacarías (ANR), entonces gobernador de Alto Paraná, anunciaba la instalación de un importante emprendimiento. Poco después el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, informaba que el empresario israelí Simón Falic pretendía un hotel casino de la franquicia Hard Rock. Más tarde se conocía que para eso querían el predio de la zona primaria.

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El plan constituía un despojo de este valiosísimo inmueble público, ya que se trataba de una concesión por 30 años. Simón Falic es amigo de Darío Messer, gran amigo de Cartes y buscado por lavado de dinero.

En casa del senador investigado por varios delitos, Javier Zacarías Irún, y de su esposa, la intendenta esteña destituida Sandra McLeod, se realizó en el 2015 una reunión para hablar del proyecto. Al lado de McLeod se sentó Darío Messer. También estaban Falic, Justo Zacarías y Emilio “Tiky” Cubas. Este último es primo de Gustavo Leite y muy amigo de Javier Zacarías.

Mientras en las oficinas de Emilio Cubas, Simón Falic creaba las empresas necesarias para llevar adelante el proyecto, Cartes y McLeod firmaron decretos y resoluciones autorizando a las instituciones públicas a que allanen el camino, se llame a licitación y se firme contrato. En este marco, Puertos rescindió contrato con Suisse Investment y Aduanas firmó trato con la Campestre SA para mudarse a sus instalaciones del kilómetro 10. Así dejarían el valioso inmueble a consideración de este grupo político-empresarial.

Sin embargo, ante la presión de la población y denuncias de medios de comunicación, el gobierno abandonó el plan. El argumento fue que había una orden judicial de no innovar respecto al codiciado inmueble en un proceso judicial entablado por la Suisse Investment con el objetivo de no perder sus derechos sobre las tierras, atendiendo que el contrato con esta firma era anterior a las pretensiones de quienes eran gobierno en ese momento.

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