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La Cámara de Diputados tratará esta tarde, a partir de las 14:00, en sesión ordinaria el veto total del Ejecutivo a la referida ley de telefonía. De los 28 puntos del orden del día, figura en el lugar número 10 el decreto presidencial que objeta totalmente la polémica ley N° 5883/2017 “Que regula la activación del servicio de telefonía móvil”. Las comisiones de Obras y Ciencia dictaminaron a favor del veto (ver la infografía).
La cuestionada propuesta legislativa fue presentada originalmente por el diputado Walter Harms (ANR, cartista), pero el texto no planteaba multas. Dicho punto fue introducido en su tratamiento en el Senado. Según el proyectista, la ley pretende “proteger” la identidad de los usuarios.
Sin embargo, el texto obliga al solicitante de una línea y al vendedor del servicio a registrar su huellas dactilares en un contrato.
Igualmente, exige que todos los usuarios del país cumplan con el mismo trámite en menos de un año bajo amenaza de cancelación de servicio.
Millonarias sanciones
La norma también establece millonarias sanciones a las empresas telefónicas con un mínimo de G. 204 millones y un máximo de G. 2.041 millones.
Además la compañía telefónica sancionada debe “pagar” la publicidad por la difusión de su pena en medios de prensa.
A esto se suma que la ley fue aprobada por el Congreso sin la consulta previa a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sobre la redacción final del proyecto.
Impide acceso
En su objeción, el Poder Ejecutivo argumentó que el nuevo proceso de contrato con alcance a todos los usuarios del país constituiría una barrera para el acceso a las telecomunicaciones a los ciudadanos, atendiendo que este servicio es de uso masivo, llegando al 90% de los hogares del país.
En su veto total, el presidente Cartes también argumentó que no existe una base de datos biométrica oficial unificada que certifique la correspondencia o no de la huella dactilar impresa en el formulario.
La señalada norma tampoco prevé medidas de seguridad para la base de datos a ser creada.
Finalmente, advertía que la ley pretendía que las empresas carguen con la responsabilidad penal de los actos cometidos por los agentes de ventas que incumplan las disposiciones.
De no tratarse en la reunión de esta tarde en Diputados, el veto total del Ejecutivo entrará automáticamente en vigencia este sábado 25 de noviembre.
Procedimiento legislativo
El artículo 209 de la Constitución dice que si el Ejecutivo objeta totalmente un proyecto de ley, este vuelve a la cámara de origen, que lo discutirá nuevamente. Si confirma la sanción inicial por mayoría absoluta (41 votos), pasará a la cámara revisora (en este caso, el Senado). Si también lo aprobase por igual mayoría (23 votos), el Ejecutivo lo promulgará y publicará. Si las cámaras disintieran sobre el veto, el proyecto no podrá repetirse en sesiones de ese año.