Fuera del poder, cartismo sigue usando accesos privilegiados

Aunque ya no está en el poder, el cartismo sigue teniendo acceso a datos sensibles del Estado. Usaron contraseñas e información policial para campaña contra el nuevo gobierno. Datos fueron recogidos a través de dependencias donde están jefes señalados como leales a Horacio Cartes y sus gerentes. Varias veces se denunció que el grupo empresarial del expresidente tenía acceso a información clasificada, lo que queda confirmado.

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Horacio Cartes ya no está en el poder o al menos ya no ocupa el sillón de Presidente de la República. Sin embargo, quedó confirmado que el cartismo sigue con accesos a datos sensibles que están en poder del Estado. No solo siguen contando con acceso a esa información, sino que continúan utilizándola para su beneficio.

Para montar una campaña en redes sociales contra el nuevo ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, los cartistas emplearon contraseñas y datos que son manejados exclusivamente por efectivos de la Policía.

Desde el viernes, las redes sociales se inundaron con impresiones de pantalla de una ficha con datos de Villamayor a la que tiene acceso solamente la Policía. Hicieron circular datos sobre supuestos antecedentes penales del ministro del Interior y su supuesta nacionalidad uruguaya.

Documentos internos de la Policía a los que tuvo acceso ABC Color revelaron cómo en menos de diez días, agentes de diferentes dependencias realizaron 85 búsquedas de los antecedentes de Villamayor. Los mismos antecedentes que luego inundaron las redes sociales. 

La reiteración de la búsqueda habría sido simplemente para despistar sobre quién realmente filtró los datos.

Información sensible para sus gerentes

Esta es apenas la confirmación de lo que se denunció en reiteradas ocasiones a lo largo de los cinco años del gobierno cartista: usando su cargo de Presidente de la República, Horacio Cartes consiguió acceso privilegiado a información clasificada para los gerentes de su grupo empresarial.

Poco después de su llegada al poder, Cartes permitió que los gerentes de su grupo empresarial participaran hasta de reuniones del Consejo de Ministros.

En diciembre de 2013, el senador liberal Miguel Abdón Saguier mostró ante el pleno del Senado fotografías en las que se podía ver a José Ortiz, gerente de Tabacalera del Este SA (Tabesa), y Francisco Barriocanal, directivo de Pulp, en la reunión de ministros.

En aquella ocasión, Saguier recordó que el entonces presidente de Banco Amambay, Hugo Portillo, había participado de operativos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) como asesor “ad honorem” de la institución.

“Son personas de mi absoluta confianza que me están ayudando en este esfuerzo que hacemos para hacer una gran gestión”, respondió Cartes en aquella época a los cuestionamientos.

“Me hubiera preocupado más si me dicen que estamos envueltos en corrupción. No importa lo que se diga, importa que hagamos una gestión y que nuestra gestión esté al servicio de todos los paraguayos”, insistió.

Con el paso del tiempo, varios de sus asesores terminaron envueltos en escándalos de corrupción que incluyeron aprietes para quedarse con permisos de explotación, millonarios contratos para asegurar obras encaradas por el Estado y hasta manejos de la Policía sin formar parte de la línea de mando.

En esto último, particularmente, se señaló en varias ocasiones a José Ortiz.

Para darle visos de legalidad a la cuestión, en febrero del 2014 Cartes creó el Centro de Gobierno para “coordinar las acciones entre los distintos ministerios”. Esta decisión fue para dejar de lado al Consejo de Ministros, que establece la Constitución en su artículo N° 243. Cartes delegó al ministro Juan Carlos López Moreira, quien se adjudicó “superpoderes”. También nombró a varios de sus gerentes como asesores ad honorem del Ejecutivo.

El Centro de Gobierno además abrió las puertas a los gerentes del Grupo Cartes para acceder a información clasificada.

Hoy, ya fuera del poder, el entorno cartista sigue utilizando esa información y la red de leales que consiguió montar dentro del Estado.

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