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En una década, los gastos del IPS en concepto de seguridad y vigilancia se dispararon en un 1.000%.
En 2008, la previsional destinó unos G. 9.900 millones para estos rubros; para el actual ejercicio fiscal tiene previsto destinar más de G. 100.000 millones.
Salvo el 2015, desde el 2008 se registró un aumento anual de los fondos destinados para estos rubros, de acuerdo a datos oficiales.
Para 2009, la cifra trepó a G. 15.000 millones. Dos años más tarde, en 2011, la cifra ya había superado la barrera de los G. 29.000 millones, durante la presidencia de Jorge Stevan Giucich.
Durante la presidencia del liberal llanista Fernando Silva Facetti, el monto también aumentó de forma sostenida. En 2013, la previsional destinaba ya unos G. 45.000 millones para la compra de seguridad y vigilancia.
Silva Facetti es del mismo grupo político que el también senador Dionisio Amarilla, filmado días atrás en una reunión en la que se pedía a un periodista de nuestro diario frenar publicaciones que afectaban a la firma SST Security Service Technology SA, vinculada al exdiputado José Chamorro y la misma que monopoliza hace una década este servicio para la previsional.
En 2014, año en el que se sucedieron como titulares del ente Hugo Royg y Benigno López, se sobrepasó la barrera de los G. 50.000 millones.
Pero el período durante el cual se dio el mayor aumento fue durante los años que el IPS tuvo a Benigno López, hoy ministro de Hacienda, como su titular.
De unos G. 44.000 millones que se gastaron para seguridad y vigilancia en 2015, se pasó a destinar G. 80.000 millones para ese rubro.
Para el presente ejercicio fiscal, se previeron más de G. 100.000 millones para estos gastos.
Asegurados sufren con las carencias
Asegurados que esperan horas sentados al teléfono para conseguir turnos dentro de varios meses, hospitales cuyas infraestructuras se caen a pedazos, personal de blanco sobrepasado en su capacidad de atención y medicamentos que escasean.
A todo ello hay que sumar que el ente podría colapsar en menos de 20 años, de acuerdo a un estudio presentado el año pasado y publicado por ABC Color.
A pesar de toda esta situación, el ente insistía en pagar unos G. 140.000 millones para adquirir servicios de seguridad y vigilancia, para lo que contratará a las firmas SST Security Service Technology SA y Bullers SA, ambas vinculadas a Óscar Chamorro Lafarja, hijo del exdiputado colorado José Chamorro.
Solo en el lote de seguridad física, el IPS tenía previsto destinar cerca de G. 120.000 millones de los asegurados para entregar a las empresas de la familia Chamorro.
Comparando otros contratos con entidades públicas, saltó a la luz que el IPS estaba a punto de pagar casi un 40% de sobreprecio.
La previsional hizo caso omiso a las denuncias. Sin embargo, el proceso se frenó por orden de Mario Abdo.