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La diputada que representa al Alto Paraguay indicó que la contratación de su hija en el cargo de Promoción y Gestión Cultural, dependiente de la Dirección General de Comunicación y Cultura de Diputados, fue “legal” y que la renuncia como funcionaria de la institución fue por las críticas de la ciudadanía.
Negó que haya influenciado para que su hija fuera ubicada en la dirección y dijo que es un cargo de confianza que no se concursa. “Cuando una administración asume, tiene que trabajar con personas de su confianza”, dijo la diputada al señalar que su hija está capacitada para ocupar cualquier tipo de cargo de confianza.
Afirmó que su hija es doctora, escribana pública, que tiene un posgrado en didáctica universitaria y está terminando un masterado. “También tiene diplomados en eventos y ese tipo de trabajo (relacionados a la cultura)”, dijo al intentar justificar la contratación.
Ocampos mencionó que su hija antes estaba asignada como asesora en la oficina de la entonces senadora colorada cartista Lilian Samaniego. La diputada pertenece al equipo político y al bloque liderado por Arnaldo Samaniego, por lo que también en ese caso habría influenciado para que su hija ingresara como funcionaria en la Cámara de Senadores, en este caso, por segunda vez.
La diputada indicó que la decisión de su hija de renunciar al cargo fue tras una reunión familiar que mantuvieron. “Es para dar tranquilidad a la gente y también dejar claro de que en ningún momento esto fue para perjudicar a una persona, y no fue ningún pedido, ni arreglo con nadie”, aseguró la parlamentaria.
Ratificó en todo momento que la contratación del presidente de Diputados, Miguel Cuevas (ANR, Añetete), a su hija se ajusta a ley.
Irregularidad
Por otro lado, la diputada Ocampos mencionó que, cuando era gobernadora de Alto Paraguay, fue a pedido suyo que la Contraloría auditó su gestión del año 2014 y 2015, y que la Contraloría en un informe preliminar observó un supuesto faltante de sustento documentario de G. 4.650 millones.
Indicó que reenviaron los documentos para la reverificación, en la que se levantaron las observaciones. Sin embargo, señaló que surgió un faltante de 163 millones en supuestos pagos en obras y transferencias. Ocampos cuestionó que la Contraloría no haya hecho la verificación in situ. Responsabilizó al nuevo gobernador y exdiputado Domingo Adorno de estar detrás.