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Diversos estudios destacan la incidencia (para unos mayor, para otros menor, pero para ninguno irrelevante) de la educación en la reducción de la pobreza, en la medida que garantiza mejores condiciones de acceso al mercado de trabajo, alimenta el espíritu emprendedor de los ciudadanos y facilita la creación de círculos virtuosos que permiten escapar de la llamada trampa de la pobreza o pobreza crónica, según Jalan y Martin.
Desde el punto de vista ético, la educación es —además— un ámbito de construcción de justicia que permite establecer una real igualdad de oportunidades y evitar, como señala Tedesco, los efectos no deseados de la sociedad del conocimiento a través de la transmisión de valores de solidaridad.
Por otra parte, los sistemas educativos latinoamericanos se han caracterizado por su incidencia territorial y su penetración social. Incidencia territorial, en tanto la escuela y los docentes constituyen muchas veces la única presencia del Estado en los más recónditos lugares del país; penetración social, en tanto prácticamente todos los ciudadanos de una u otra manera estamos vinculados al sistema educativo como alumnos, padres, docentes, abuelos, esposos o esposas, celadores y cientos de funciones directas e indirectas que se derivan de su funcionamiento cotidiano.
El sistema educativo es, por tanto, un mecanismo con capacidad de incidir de una manera amplia a través del territorio y la sociedad, y un espacio de estímulo a la economía a través de la generación de empleo directo (docentes, directivos, personal no docente) como indirecto (editoras, fábricas de mobiliario, obras y construcciones).
La inversión en educación posee un efecto fundamental en el desarrollo del conocimiento y del progreso social y económico. Como lo señala el documento Metas 2021, un proyecto articulado en torno a la educación, contribuye en forma decisiva al desarrollo económico y social de la región, a la formación de una generación de ciudadanos cultos y, por ende, libres, en sociedades democráticas, igualitarias, abiertas, solidarias e inclusivas.
Es, en este contexto general, donde la educación ha ido asumiendo un rol central en los consensos nacionales e internacionales, en las prioridades de cooperación y en los procesos de integración regional.
Corresponde el hecho que el mayor acuerdo alcanzado entre los presidentes iberoamericanos haya sido para impulsar la educación como eje del desarrollo en un contexto marcado por la conmemoración de los bicentenarios de las independencias nacionales, a través del proyecto Metas 2021: la educación que queremos para la generación de los bicentenarios.
Debe advertirse que en este gran proyecto, los presidentes y jefes de Estado han indicado como primer objetivo general: elevar la participación de los diferentes sectores sociales y su coordinación en proyectos educativos: familias, universidades y organizaciones públicas y privadas, sobre todo de aquellas relacionadas con servicios de salud y promoción del desarrollo económico, social y
cultural.
A nivel regional ha sido notable el avance de los acuerdos del Mercosur educativo —probablemente el sector que más ha avanzado fuera del ámbito económico/comercial— donde Paraguay ha tenido y debe seguir teniendo un destacado papel.
La cooperación internacional (multilateral y bilateral) en el ámbito educativo se ha incrementado notablemente. Pueden mencionarse, por ejemplo, tanto a nivel regional como en el propio Paraguay, los importantes y crecientes aportes técnicos y financieros de la Unión Europea, de la Cooperación Española o del Banco Interamericano de Desarrollo, en los últimos diez años.
Estos y otros espacios de construcción de consensos internacionales donde la educación ha cobrado protagonismo, se asientan sobre la importancia asignada a la educación en el debate público y político de cada país.
La educación pareciera ser un tema perenne asociado a las preocupaciones de la ciudadanía y sobre cuya reflexión un creciente número de actores se involucran y debaten. Otros como la seguridad o el empleo que varían de acuerdo a los vaivenes de la economía o la política, son vistos muchas veces como consecuencia de la carencia —precisamente— de educación entre otros aspectos.
Expresiones tales como que la inseguridad o el desempleo son consecuencias de la falta de educación son de uso usual y masivo, y dejan traslucir esta confianza en las posibilidades que ofrece la educación como factor de cambio social.
Prueba de ello en Paraguay es que en el marco del profundo cambio institucional marcado por el fin de la dictadura y el comienzo de la democracia, uno de los temas fundamentales junto a la reforma de la Constitución haya sido la reforma del sistema educativo.
Es notable que ambos temas (reforma constitucional y reforma educativa) hayan sido objeto de arduos debates casi de manera sincrónica señalando, tal vez, la percepción a nivel local del sistema educativo como “constitutivo” de la nación y sus instituciones.
Los diseños y aprestos institucionales como la creación del Consejo Asesor para la Reforma Educativa (CARE), Grupo de Diálogo Estratégico y finalmente la creación por Ley del Consejo Nacional de Educación y Cultura, pueden ser indicadores de la noción de la sociedad, de sus instituciones y de sus referentes intelectuales, acerca que la educación era una cuestión central para el presente y el futuro del país.
Cierto es, como lo señalan diversos estudios y publicaciones del Conec, de la Unión Nacional de Educadores, de diversos académicos y del propio Ministerio de Educación, que quedan aún cuestiones pendientes en este proceso relativas a la calidad y eficiencia del sistema, a su vinculación con el mundo del trabajo, a la situación de los docentes, al enfoque bilingüe, a la cantidad de días de clase, a la dimensión rural-urbana, al enfoque de valores, o a la consideración de la dimensión espiritual del hombre, entre otros.
No puede dejar de decirse, sin embargo, que la reforma del sistema educativo requirió —además del debate público— un esfuerzo colectivo político y social que permitiera la construcción en pocos años de un sistema más incluyente en el cual la educación inicial pasó de menos de 35.000 alumnos a casi 160.000, la educación escolar básica de 680.000 a casi 1.000.000, el tercer ciclo de 105.000 a 270.000 y la educación media de 56.000 a 150.000 alumnos.
Esta sensación de centralidad de la educación para la sociedad paraguaya puede ser vista como independiente de una u otra perspectiva sobre la eficiencia del sistema educativo y sobre el devenir del proceso de reforma.
Un reciente estudio encomendado por la Organización de Estados Iberoamericanos a Latinobarómetro realizó una medición sobre la percepción social de los sistemas educativos Iberoamericanos resultando, entre otros datos, que la sociedad paraguaya es aquella que tiene la mayor confianza sobre la mejora futura del sistema educativo público entre todos los países encuestados.
En el mismo sentido pueden destacarse el debate e interés sobre la sanción del Fondo Nacional de Inversión Pública y de Desarrollo (Fonacide), sobre la discusión acerca de la Ley de Educación Superior, el desarrollo por parte del Ministerio de Educación de un proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación; así como el surgimiento de un renovado interés de la sociedad civil por contribuir con la educación paraguaya manifiesto a través de Juntos por la Educación o Cerneco, y la activa acción sectorial desplegada por las distintas organizaciones sindicales relacionada con la situación del profesorado.
Los consensos sobre grandes temas pueden institucionalizarse de diversas formas. Joaquín Brunner y Juan Carlos Tedesco, por ejemplo, han desarrollado desde enfoques paralelos las posibilidades que plantean los pactos educativos como mecanismos político/institucionales que permiten a distintos actores representativos de la sociedad (actores políticos, sociales, empresariales, sindicales) asumir compromisos de Estado frente a la educación que como todo acuerdo, deben sintetizar en puntos de equilibrio las distintas miradas sobre un asunto tan complejo.
Los propios jefes de Estado, en el marco del proyecto Metas 2021, han establecido como primer programa compartido el de apoyo a la gobernabilidad de las instituciones educativas, a la consecución de pactos educativos, y al desarrollo de programas sociales y educativos integrales.
En el caso de Paraguay existe la capacidad de dar cuerpo a una iniciativa de este tipo. Coexisten intelectuales formados, conocimiento acumulado, interés político, información estadística, un plan que ha recogido las virtudes de planes anteriores, y un grupo de funcionarios públicos del sector formados y competentes para dar cuenta de nuevos desafíos, así como la sensación que junto a errores y aciertos del pasado queda aún mucho por recorrer y mejorar.
En un contexto global y regional de cambio profundo, signado por la reconfiguración de la economía, del mundo de trabajo y de la organización social, donde el conocimiento y la información se han constituido en nuevos factores de inclusión-exclusión social, el interés político y social que despierta la educación en Paraguay, el esfuerzo y deseo de fortalecer el sector expresado en la aprobación del Fonacide o en el Proyecto de Ley de Financiamiento Educativo, el impulso de organizaciones de la sociedad civil a la acción y reflexión sobre este tema, la existencia de una hoja de ruta y de profesionales competentes, de intelectuales de talla, podrían ser consideradas como condiciones de posibilidad para un pacto educativo, cuyos énfasis y focos expresen los consensos y anhelos de un pueblo joven con un futuro promisorio.
PARAGUAY Y LAS INNOVACIONES EDUCATIVAS
Paraguay ha contribuido con la región iberoamericana a través de la implementación de diversas iniciativas de innovación educativa, con resultados positivos en diversos ámbitos tales como enseñanza de matemáticas, educación de adultos, formación profesional, entre otros. Solo por mencionar un ejemplo, el curso de formación en matemáticas para docentes de nivel medio desarrollado en Paraguay, hoy se ofrece a 40.000 docentes iberoamericanos y lleva el nombre de curso de Matemáticas Ñanduty.
Se destaca, asimismo, el valioso aporte a la construcción de indicadores de evaluación, costeo y seguimiento de las Metas 2021 a través de las áreas de Planificación y Presupuesto en las múltiples reuniones multilaterales del Instituto de Evaluación y Seguimiento de las Metas 2021.
Profesionales paraguayos han colaborado y colaboran a través de la OEI, brindando asistencia técnica a otros países en diversos temas, así como participando activamente de reuniones internacionales en ámbitos específicos de la educación compartiendo, asimismo, la experiencia en el desarrollo de estudios e investigaciones pioneros en la región realizados en el país, tales como el estudio sobre pensamiento crítico, los estudios longitudinales, y la implementación del programa LAMP (Literacy Assessment and Monitoring Programme), único en Latinoamérica y que se está realizando solo en cuatro países en el mundo, entre ellos Paraguay.
Colaborador de Juntos por la Educación
Director OEI Paraguay