Crisis del transporte público

Sin embargo, los representantes de emblemas de combustibles aclararon que los valores que negocian con las firmas transportistas son menores a los que figuran en las planillas y comprobantes. Esto incluso fue reconocido por otro gremio del rubro, Ucetrama. Pero a pesar de que las partes involucradas reconocen el engaño al que someten al Estado con los documentos que se entregan, el Gobierno no admitió que hubo datos falsos -o al menos engañosos- sobre los cuales se estaban calculando los montos de subsidio.

En medio de esta situación, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el Decreto Nº 4998 y creó el Consejo Asesor de Tarifa del Transporte Público de Pasajeros para el Área Metropolitana, integrado por instituciones públicas y representantes de gremios de transporte. Este consejo debe analizar el precio del pasaje y el monto del subsidio que se otorga al sector, puesto que en pandemia se registró una caída de la demanda de pasajeros debido a las restricciones sanitarias, y se les obligó a los buses a seguir operando. Entonces, desde el sector alegan que hubo un descalce en sus ingresos y egresos.

No obstante, la ciudadanía no oculta su indignación, en redes sociales y en declaraciones a la prensa, y se cuestiona que históricamente, el Estado entregó recursos públicos con base en una fórmula que al parecer incluye una cantidad irreal de pasajeros. O sea, se habría pagado por boletos vendidos a “pasajeros fantasmas” y con ello (descubierto gracias al billetaje electrónico), se evidenció lo que podría tipificarse como una gran estafa. Pero lejos de transparentar esta situación, el Estado se sienta a replantear los criterios de pagos a puertas cerradas, y con un nuevo viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, que anteriormente era muy abierto a dar explicaciones para la ciudadanía, pero que ahora se ajusta a la política de puertas cerradas que desde hace tiempo se está observando en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

No obstante, la dificultad de acceso a los datos es histórica, según expresó Cecilia Llamosas, investigadora en política energética y movilidad sostenible del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. De esta manera, se desconoce si realmente se negocian términos que protejan el bolsillo del usuario, ya que finalmente es este el que paga sus impuestos y con su contribución, el Estado abona los subsidios a transportistas.

Hoy todo indica que los empresarios siguen manteniendo de rodillas al Gobierno, como lo han hecho históricamente con las autoridades de turno. Lo evidencia el hecho de que empresas multadas por aglomerar pasajeros o incumplir las disposiciones sanitarias, tales como la frecuencia obligatoria o aglomeración de pasajeros en las unidades, siguieron cobraron el subsidio correspondiente a enero y febrero de este año, sin siquiera pagar antes por la sanción, que es la multa de G. 14 millones.

Secreto

Las reuniones del Consejo Asesor de Tarifa del Transporte Público se desarrollan a puertas cerradas, pese al interés de los temas que ahí se tocan.

Impunes

El Estado pagó subsidios este año a empresas sancionadas por aglomerar pasajeros e incumplir frecuencias, sin que antes al menos paguen su multa.

Viola ley

El Viceministerio de Transporte viola la Ley Nº 5282 al no responder en tiempo la solicitud de Acceso a la Informa- ción Pública sobre pago de subsidios en 2021.

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