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En las últimas semanas, los usuarios del transporte público han sido sometidos a una demora mayor de la habitual en la frecuencia de las unidades, fenómeno conocido popularmente como “reguladas”. Se trata de una situación que se mantiene desde fines del mes de febrero, cuando el Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) había anunciado el paro total del servicio para el lunes 8 y martes 9 de marzo como medida de presión por el ajuste de la tarifa. El gremio buscaba un aumento del pasaje o del monto del subsidio que el Estado otorga a este sector desde el año 2012 (en todos estos años ya recibió casi G. 400.000 millones en ese concepto). En febrero último, Cetrapam alegó el impacto de la suba del diésel tipo III y que eso no le permitía operar en condiciones competitivas. Incluso mostraron facturas que mostraban una mayor tarifa del combustible.

El artículo 28 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a informarse y la Ley 5282/14 reglamenta el Libre Acceso a la Información Pública, es decir, obliga a las instituciones públicas a proveer todos los documentos que un ciudadano solicite. Pero al parecer, la legislación paraguaya se desconoce en el Viceministerio de Transporte, cuyo titular es Pedro Britos, de profesión abogado; no solo es poco accesible, sino que tampoco facilita informes de interés público.

Pese a denuncias, el Gobierno aún no impide que los morosos de la seguridad social cambien de razón social y empiecen de cero sin antes saldar su deuda con el IPS. A esta maniobra recurren transportistas e impide que choferes accedan a subsidios.

Más de 300 choferes no tienen derecho a subsidios del Estado por falta de pago al IPS, pese a que las empresas les descontaron del salario en ese concepto durante años. Los trabajadores afirmaron que sobreviven gracias a ollas populares.

Adquirir más helicópteros para la Fuerza Aérea ya no es necesidad y el dinero previsto será destinado a otras prioridades de esa entidad: compra de aviones, dijo ayer el director financiero de Itaipú, Fabián Domínguez. El fondo disponible es de US$ 5 millones para asistencia humanitaria.

Tras críticas por la falta de transparencia de la licitación para la compra de helicópteros para la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), la UNOPS canceló el proceso pero no aclara si se usaron los casi US$ 4 millones dados como anticipo previsto para ejecutar el proyecto.

Las obras para la industria de biocombustibles comenzarán en marzo. Así lo anunció ayer el canciller Antonio Rivas, luego de reunirse con su par del Brasil, Ernesto Araújo. La firma aún no responde sobre la tecnología a instalarse.

Con el argumento de que no tiene experiencia en compra de helicópteros para la Fuerza Aérea, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) Paraguay pagó US$ 35.000 a Helicopter Engine Service SA para asesorarla. Se trata de una firma argentina que no tenía habilitación en el país para hacer mantenimiento de esas aeronaves y hoy su licencia está vencida.

El convenio firmado entre la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y Contrataciones Públicas no implica divulgar sus licitaciones en el portal nacional para mayor transparencia. Aún así, ahora lo hace y luego de críticas a compra de helicópteros con fondos de Itaipú.

Antes de que sean recibidos en Paraguay los helicópteros adquiridos por Itaipú, a través de la cuestionada gestión de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) del Paraguay, este organismo prevé pagar 70% del valor del contrato a la firma adjudicada.