Ortigoza quiere evitar juicios por ventas de tierras

En un nuevo intento de evitar toda audiencia preliminar en la que se debe decidir si va o no a juicio oral en una de las varias causas penales que se le siguen, el procesado expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Luis Ortigoza recusó a todos los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público. Con su recusación, el encausado paralizó las investigaciones abiertas en los distintos procesos a los que se encuentra sujeto.

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Luis Ortigoza asumió como presidente del Indert el 29 de junio del 2012, una semana después de que Federico Franco Gómez asumiera como presidente de la República en reemplazo de Fernando Lugo, quien había sido destituido después de un juicio político llevado adelante por el Congreso Nacional.

El 4 de abril del 2013 Ortigoza se vio obligado a dejar la titularidad del ente después de que saltaran a la luz detalles de escandalosos negociados con tierras públicas, que obligaron al Ministerio Público a impulsar numerosas investigaciones.

De acuerdo a las denuncias públicas, el entonces presidente del Indert vendió desde tierras de un aeropuerto hasta reservas naturales por miles de millones de guaraníes.

Los expedientes judiciales indicaron además que Ortigoza era o fue el presunto cerebro de transferencias y ventas irregulares de decenas de miles de hectáreas de tierras distribuidas en distintos lugares del interior del país.

Y así, en poco menos de un año este funcionario del gobierno liberal de Federico Franco se convirtió en el protagonista de insólitos negociados con esterales y pantanos que fueron vendidos como fértiles tierras para programas agrícolas de familias campesinas necesitadas.

A cuatro años del inicio de aquellos procesos, varios de ellos se encuentran en la etapa en la que deben definirse fechas para juicios orales en los que el encausado tiene que ser sentenciado.

A fin de dilatar o evitar esos futuros enventuales juicios, Ortigoza acaba de promover una recusación masiva contra todos los fiscales de la unidad del Ministerio Público que tiene a su cargo los casos en trámite.

Venta de un aeropuerto

Uno de los casos insólitos que involucra a Ortigoza es la venta de una propiedad de 9 hectáreas con 9.986 metros y 6.430 centímetros cuadrados, ubicada en la colonia Caaguy Poty, distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay, perteneciente al aeropuerto de esa localidad.

Según los papeles, la base aérea fue vendida como tierra agrícola el 24 de octubre de 2012 al ciudadano árabe Ali Hatem Barakat, quien el 26 de julio de 2013 solicitó la reconstrucción del expediente, justificando que dicho documento se había extraviado.

Ali Hatem pagó apenas el monto de G. 5.119.323 por la propiedad que está situada a metros de la frontera.

El historial del caso indica que el 23 de diciembre de 2013 funcionarios del Indert se constituyeron en el lugar y constataron que el lote adjudicado resultó ser el aeropuerto de Capitán Bado y que no estaba ocupado por ningún particular ni existían construcciones o plantaciones que fueron mencionadas en la solicitud de compra.

5.000 hectáreas

Otro caso que involucra a Ortigoza es la venta de 5.000 hectáreas de tierras inservibles como aptas para la agricultura por 47.000 millones guaraníes cuando en realidad las mismas tenían un valor real de 1.000 millones, según el expediente que está a cargo del Ministerio Público.

La operación de venta se realizó en abril del 2013, en plena campaña electoral, en vísperas de los comicios presidenciales de ese año.

Las tierras, situadas en el departamento de la Cordillera, eran propiedad de la empresa San Agustín vinculada al senador oviedista Jorge Oviedo Matto, quien en ese tiempo era un influyente legislador del Congreso Nacional.

Antes de ser vendidas como tierras fértiles aptas para la agricultura, las 5.000 hectáreas fueron sobrevaluadas y por ese hecho también fueron procesados el diputado liberal Pedro Milciades Duré y los peritos tasadores del Ministerio de Obras Públicas, Víctor Blanco y Mario Echeverría.

Después de concretarse la venta y poco después de detectarse las irregularidades, el entonces administrador de la empresa San Agustín, Arnaldo Jara, cobró los 47.000 millones de guaraníes en efectivo.

El cobro se verificó el sábado 6 de abril, en plena Semana Santa, y fue cuando una caravana de seis camionetas trasladó los G. 47.000 millones. El Indert había pagado con un cheque del Banco Nacional de Fomento, que luego fue depositado en Banco Visión y retirado el dinero a través de su empresa de caudales Yrendagüé.

De ese local, el administrador de San Agustín retiró G. 17.500.000.000 en billetes de G. 2.000, lo cual significa 8.750.000 billetes. Es decir, 87.500 fajos de billetes (cada fajo G. 200.000), el resto en billetes grandes de G. 50.000 y G. 100.000 hasta completar los G. 46.000 millones, que retiró en las seis camionetas. Ese dinero nunca fue recuperado por el Estado, según los antecedentes.

Se espera la decisión del fiscal general

El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, deberá expedirse sobre la masiva recusación promovida la semana pasada por Luis Ortigoza contra todos los fiscales de delitos económicos que llevan adelante procesos contra el expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

Previamente, Díaz Verón tendrá que recibir un informe de los fiscales recusados y considerar los argumentos esgrimidos por el procesado, según explicaron funcionarios del Ministerio Público.

“He notado en el transcurso del proceso de cada una de las causas una manifiesta desviación del criterio objetivo en el desempeño de los agentes fiscales intervinientes. Lo que al principio parecía una cuestión accidental fue convirtiéndose en una constante”, dijo Ortigoza en su escrito de recusación.

Su planteamiento fue dirigido contra los fiscales José dos Santos, Lidia Acuña, Liliana Alcaraz, Igor Cáceres, Martín Cabrera, Silvia Cabrera, Liz Nadine Portillo, Luis Piñánez, Josefina Aghemo, René Fernández, Yolanda Portillo y el fiscal general adjunto Federico Espinoza, responsable de la denominada Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).

“No puedo ni podemos emitir ninguna opinión sobre lo planteado, lo que vamos a hacer es elevar un informe al fiscal general”, había expresado al respecto el fiscal adjunto Federico Espinoza sobre la recusación planteada por Ortigoza.

Es el fiscal general, Javier Díaz Verón, quien deberá emitir un dictamen y el que deberá establecer los delineamientos para cada uno de los procesos seguidos a quien fue presidente del Indert, enfatizó Espinoza.

Ortigoza logró suspender varias veces su audiencia preliminar y hasta había sido amonestado por el juez Hugo Sosa Pasmor por ausentarse sin aviso una vez para una audiencia.

El imputado es considerado como un procesado singular que sabe eludir las audiencias claves en las que se podría fijar fechas para los juicios orales en los numerosos procesos que soporta por lesión de confianza, la mayoría por negociados multimillonarios con tierras públicas.

Actualmente el juez penal de garantías Hugo Sosa espera la nómina de peritos registrados en la Corte Suprema de Justicia, para ordenar una nueva tasación de la propiedad ofrecida por la defensa Ortigoza.

Es ante la sospecha manifestada por la Fiscalía de que la misma habría sido sobrevaluada, para cubrir la elevada fianza establecida por el juzgado.

El 20 de abril pasado, el magistrado Sosa elevó a G. 8.000 millones la fianza de G. 1.300 millones inicialmente impuesta a Ortigoza y le dio un plazo de 20 días para cubrirla con inmuebles.

En aquella oportunidad, el juez advirtió a la defensa de que, en caso de incumplimiento, se revocará la medida alternativa a la prisión que le favorece.

eruizdiaz@abc.com.py