Antes de dejar intendencia, Caballero otorgó licitaciones a empresa ligada a su esposa diputada

El 6 de julio pasado, Caballero Ruiz presentó su dimisión a la intendencia minguera para buscar un tercer período consecutivo. Como reemplazante quedó su hermano Lucas Caballero Ruiz para encubrir la dudosa administración del clan en Minga Guazú.

Un día antes de renunciar, el aspirante al rekutu adjudicó dos licitaciones a la empresa Po Kuarahy Rese SA. Una por valor de G. 109.500.000 para construcción de empedrado en el Km 18 Acaray y otra por un monto de G. 130.492.000 para obras de empedrado en el Km 30 Acaray.

Una semana antes, el 29 de junio pasado, el ex jefe comunal había otorgado otras dos licitaciones a Po Kuarahy Rese SA. Solo este año la firma fue beneficiada con cinco contratos municipales (ver infografía) en la Comuna minguera.

Tras asumir la banca en Diputados, el 23 de junio de 2013, Vargas de Caballero había informado a la Contraloría General de la República que era accionista de la empresa Po Kuarahy Rese SA, al igual que en Dimafre SA y T&F SA. Las acciones ascendían a G. 800 millones.

Al culminar su primer mandato como legisladora y al asumir por este período 2018-2023, Vargas Caballero ratificó su condición de accionista de las tres empresas.

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Po Kuarahy Rese SA y Dimafre SA son empresas “mimadas” por la gestión municipal del clan Caballero-Vargas. La primera empresa acumula 20 licitaciones ganadas desde 2013 a 2021 y todas fueron en la Municipalidad de Minga Guazú, la mayoría en la modalidad contratación directa, según registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Mientras, que Dimafre SA fue beneficiada con 19 licitaciones por un valor de G. 2.026 millones, desde 2013 a 2019, en el municipio minguero.

El negocio familiar del clan Caballero-Vargas en la Municipalidad fue descubierto en junio de 2020, tras la divulgación por orden judicial de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos.

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En julio de 2020, la diputada Vargas de Caballero presentó ante la Contraloría una rectificación de su declaración jurada de bienes y suprimió las empresas Dimafre SA, Po Kuarahy Rese SA y T&F SA de su patrimonio.

A raíz de estas licitaciones, el matrimonio Caballero-Vargas fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por tráfico de influencias, lesión de confianza y enriquecimiento ilícito. Según la denuncia, no hay evidencia de la contraprestación de las empresas ligadas a la diputada.

El caso se encuentra congelado desde hace un año en el despacho del fiscal Anticorrupción Francisco Cabrera.

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Intentamos comunicarnos vía telefónica con el ex intendente Caballero Ruiz, pero no tuvimos retorno. No obstante, nuestra redacción está abierta a escuchar su versión.