1 de junio de 2026

El sector de la construcción atraviesa en 2026 una situación paradójica. Por un lado, existe una importante cartera de proyectos, nuevas licitaciones, inversiones en infraestructura y expectativas favorables para la actividad. Por otro, las empresas enfrentan dificultades financieras derivadas de retrasos en los pagos de obras públicas, una situación que limita la capacidad de ejecución y pone presión sobre el capital de trabajo.
Es sabido que las licitaciones dan lugar a sobreprecios y direccionamientos de los pliegos de bases y condiciones, corruptelas estas estrechamente ligadas entre sí. Aunque la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no se destaque por prevenir y detectar dichas maniobras fraudulentas, hay organismos públicos que estiman oportuno eludirla recurriendo, por ejemplo, a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que provee servicios especializados a cambio de una “tarifa” equivalente al 27% del monto global de un proyecto. A ella recurrió últimamente Itaipú Binacional en dos licitaciones. La Contraloría General de la República (CGR) objetó la ejecución de un proyecto para su propio fortalecimiento. También la DNCP debería decir algo con respecto al ardid de dejarla de lado junto a la ley que debe aplicar para precautelar el buen uso del dinero público: no debe seguir tolerando con su ominoso silencio que se la margine aviesamente, cuando entra en juego la Unops.

Documentos de Contrataciones Públicas revelan que la administración de Santiago Peña adjudicó millonarias compras de pasajes aéreos a Uela, agencia de viajes vinculada a su entorno empresarial. Desde octubre de 2024, la empresa acumuló contratos por G. 1.787.131.379, siendo la Presidencia de la República su principal cliente.

Dos empresas “mimadas” de este gobierno y vinculadas al presidente Santiago Peña están arrasando con licitaciones y acumulan fortunas y poder al manejar –privilegiadamente– información confidencial y sensible de la ciudadanía. Aunque ya se conocían los tentáculos de ITTI Saeca, ayer el diputado Mauricio Espínola agregó la existencia de Technoma, una firma que en 20 meses ha facturado más de G. 100.000 millones. Ambas empresas tienen importantes lazos entre sí, y en la primera de ellas, el mandatario admite tener bonos por valor de unos G. 350 millones.

Del total de más de 210 mil medidores electrónicos que la ANDE prevé comprar, 210.000 son de conexión directa y 940 de conexión indirecta. El total estimado de inversión en estos equipos es de US$ 3.386.523, aunque los montos ofertados en las licitaciones apenas superan los US$ 2.300.000.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) decidió adoptar el leasing operativo como una estrategia para modernizar su infraestructura, con 10 licitaciones que convocará este año por un total de US$ 259 millones, sin realizar grandes desembolsos iniciales. Según la empresa estatal de electricidad, las ventajas del mecanismo de financiación son múltiples, sin embargo, este modelo también presenta desafíos que deben analizarse con detenimiento.