17 de julio de 2026

El Poder Ejecutivo reglamentó este fin de año la ley N° 4558/2011 que establece el acceso al margen preferencial en licitaciones para productos y empresas nacionales. Lo hizo a través del decreto 5244, fechado el pasado 30 de diciembre.

El Instituto de Previsión Social (IPS), presidido por Jorge Magno Brítez, viene enfrentando un 2025 marcado por fuertes cuestionamientos a sus procesos de compra. De un total de 149 llamados publicados por IPS entre enero y lo que va de noviembre, 72 fueron cuestionados durante las consultas y protestas. Estos casos reflejan el 76,76% del monto total presupuestado, alcanzando 2.971 millones de guaraníes (más de US$ 419 millones).

La senadora Celeste Amarilla cuestionó duramente a Eddie Jara, titular de Petróleos Paraguayos, quien pretende gastar 4.000 millones de guaraníes en propagandas en medios de comunicación. Indicó que el ente estatal no precisa de eso para vender. Sostuvo que Jara perdió credibilidad con las actitudes que tuvo desde que asumió el cargo y que si ella era la presidenta de la República ya lo destituía.

Millones en contratos a través de licitaciones a medida de empresas amigas; derroche de plata pública en gastos reservados, pasajes y viáticos, además del hackeo constante a portales oficiales son las denuncias a dos años de gestión de Santiago Peña. Este Gobierno camina a ser uno de los más ensombrecidos por la corrupción.
Es sabido que las licitaciones dan lugar a sobreprecios y direccionamientos de los pliegos de bases y condiciones, corruptelas estas estrechamente ligadas entre sí. Aunque la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no se destaque por prevenir y detectar dichas maniobras fraudulentas, hay organismos públicos que estiman oportuno eludirla recurriendo, por ejemplo, a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que provee servicios especializados a cambio de una “tarifa” equivalente al 27% del monto global de un proyecto. A ella recurrió últimamente Itaipú Binacional en dos licitaciones. La Contraloría General de la República (CGR) objetó la ejecución de un proyecto para su propio fortalecimiento. También la DNCP debería decir algo con respecto al ardid de dejarla de lado junto a la ley que debe aplicar para precautelar el buen uso del dinero público: no debe seguir tolerando con su ominoso silencio que se la margine aviesamente, cuando entra en juego la Unops.