Se encadena en el Poder Judicial para reclamar pago de indemnización

Explicó que su largo peregrinar en busca de justicia se inició en 2014 cuando tomó la decisión de iniciar acciones en el ámbito laboral contra la empresa Corporación Mercantil, donde cumplió diversas tareas durante 18 años. Paralelamente, como medida de presión, el trabajador fue denunciado por lesión de confianza en el Ministerio Público.

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El 13 de junio de 2016, la jueza Graciela Panza estableció la preposición del demandante y el cobro de salarios caídos desde su destitución, que en ese entonces ascendía a G. 156 millones.

La defensa había recurrido el fallo, pero las juezas Lourdes Sanabria, Alba Catalina de Zúñiga y Berta Ávalos confirmaron la sentencia el 19 de diciembre del 2016. Sin embargo, los abogados de la empresa volvieron a presentar una medida dilatoria planteando una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde en estos años la empresa tuvo tres reveses.

“Tengo un derecho constitucional, pero la justicia no me está dando, es como salir campeón porque he ganado en todas las instancias, pero no me están dando el trofeo”, lamentó Díaz Gómez.

Explicó que para hacerse efectivo el cobro el juez laboral de Hernandarias, Juan Adalberto Roa Irala, debe habilitar el dinero depositado en el Banco Nacional de Fomento (BNF).

En paralelo al juicio laboral, el trabajador tuvo que someterse a un largo proceso penal por lesión de confianza en el que ya obtuvo dos sobreseimientos definitivos, al no haber elementos en su contra.

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“He sufrido mucho en estos siete años, en la parte penal me fui a juicio, no pudieron demostrar que robé y me sobreseyeron; luego la Cámara de Apelaciones resolvió anular, pero nuevamente me dieron el sobreseimiento, hace un mes”, remarcó.