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El licenciado Alberto Coronel trabajó por espacio de 20 años en la transnacional estadounidense ADM, ocupando diversos cargos directivos.
Fue director de ADM Paraguay, alto funcionario de Naviera Chaco y apoderado de Agrograin Limitada.
En el año 2013 llega a un acuerdo económico para retirarse de la transnacional. “No cumplieron los términos del acuerdo consensuado en reuniones previas y se quedaron también con acciones que había adquirido de la empresa”, menciona Alberto Coronel.
Tomó la decisión de iniciar acciones judiciales en el ámbito laboral. “El abogado Carmelo Caballero, en representación de ADM, desconoció mis certificados laborales y me acusó de falsificar constancias expedidas por la propia ADM”, mencionó.
Agregó que “el fiscal adjunto Alejo Vera se encargó de reabrir el proceso. Finalmente, luego de tres desestimaciones, se desestimó la supuesta falsificación de mis constancias laborales”.
Alberto Coronel ganó los juicios laborales contra Naviera Chaco tanto en primera como en segunda instancias.
“En ese ínterin, toman posesión de mi oficina y secuestran mis documentos personales. Me dejan sin herramientas para ejercer un derecho que me corresponde. El objetivo es evitar que pueda continuar el proceso judicial”, relata Coronel.
Intervención de la Corte
El equipo de Carmelo Caballero cae en desgracia, acompañando el desmoronamiento de Óscar González Daher y Raúl Fernández Lippmann en el caso de los audios por tráfico de influencias.
La transnacional ADM reacciona con rapidez y contrata los servicios del estudio jurídico del senador Enrique Bachetta, entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; su hijo, también llamado Enrique, asume la representación de la empresa norteamericana.
Siguiendo con su relato, Alberto Coronel menciona: “El equipo de Bachetta obtiene una acción de inconstitucionalidad contra los fallos favorables de primera y segunda instancias”.
En Paraguay no se admite una tercera instancia judicial. La sala constitucional de la Corte Suprema tiene como finalidad proteger las formas de un proceso. La jurisprudencia en nuestro país se basa en el estudio del proceso, no en analizar pruebas de un juicio de instancia inferior.
La sala constitucional integrada por los ministros Gladys Bareiro de Módica, Myrian Peña Candia y Antonio Fretes (voto en disidencia) ordenó la anulación de los juicios laborales de primera y segunda instancias así como la realización de un nuevo proceso, según consta en la sentencia 152 del 27 de marzo de 2019.
Alberto Coronel, ante el alevoso atropello de la Corte, presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pidiendo la intervención del FBI.
Detalles, en nuestro próximo artículo.
Sin atribución, la Corte anula juicio
En la sentencia 152/19, el ministro Antonio Fretes llamó la atención a sus colegas Myrian Peña Candia y Gladys Bareiro de Módica, quienes votaron por la anulación de los juicios laborales favorables a Alberto Coronel. El ministro Fretes expresó lo siguiente:
“Como venimos sosteniendo en situaciones similares, se debe tener en cuenta que la interpretación de la ley y su aplicación al caso concreto es materia opinable, reservada únicamente a los magistrados en cada causa concreta, que no habilita a abrir la vía de la inconstitucionalidad, siempre que los juzgadores actúen dentro del margen que la ley les otorga... sostener tesitura contraria implicaría poner en tela de juicio el razonamiento de los magistrados”.