En medio de recrudecimiento de la recesión, tras la derrota del oficialismo en las primarias del 11 de agosto -que provocó una nueva devaluación, lo que se verá reflejado en la inflación- el Gobierno lanzó varias medidas para compensar los efectos en la sociedad y pidió a los gobernadores provinciales “un esfuerzo compartido” para poder “aliviar el bolsillo de la gente”.
Fue así varias provincias, gobernadas por opositores al Ejecutivo de Macri, acudieron al Supremo convencidas de que el Estado no les compensaría económicamente por los menores recursos que recibirán por la quita del IVA.
Macri adoptó esa medida en materia tributaria como parte de una batería de decisiones para tratar de paliar las turbulencias económicas.
Además, se estableció por decreto que el Impuesto a las Ganancias (que tasa los ingresos a partir de un determinado importe) aumentará un 20% el mínimo impositivo para jubilados y trabajadores en relación de dependencia, lo cual según el Gobierno afectará a 2 millones de personas.
La Corte Suprema de Justicia, con la firma a favor de los magistrados Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, pero con la del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, en contra, aceptó hoy un recurso presentado por la Gobernación de la norteña provincia de Entre Ríos.
“Sostuvo la provincia actora que mediante esas normas, el Poder Ejecutivo Nacional detrajo unilateralmente montos de la masa de recaudación de impuestos coparticipables, sin tener competencia para ello, por lo que tales decretos y resoluciones violan los principios del federalismo de concertación y el principio de legalidad en materia tributaria”, expresa el fallo judicial.
Las normas impugnadas, según el recurso, provocan un “perjuicio actual y directo” a la provincia de Entre Ríos que estima supera la suma de 1.000 millones de pesos (US$ 1,73 millones).
La mayoría de la Corte Supremo fundó su decisión de aceptar el recurso en que la Constitución “organiza un estado federal y, en particular, la significación del régimen de coparticipación federal de impuestos”.
Además, el tribunal consideró que las medidas tomadas por el Gobierno, “sin contar con competencia para ello”, podrían importar una erosión de la masa coparticipable a las provincias.
Las provincias remarcaron que la medida viola normas básicas, como la ley de Coparticipación, la norma que establece cómo los tributos recaudados por el Estado nacional deben ser repartidos entre las provincias argentinas.
Los gobernadores calcularon que la medida de Macri, que regirá hasta finales de año, implicará que las provincias dejarán de percibir 35.000 millones de pesos (606 millones de dólares) .