El relator especial de la ONU para ese país, Tom Andrews, reclamó una cumbre internacional de emergencia, juzgando demasiado lenta y no lo bastante firme la respuesta internacional al golpe de Estado que derrocó al gobierno civil, liderado de facto por Aung San Suu Kyi, el 1 de febrero.

Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes en el estado de Kachin (sur), donde al menos habría muerto una persona, según un lugareño; y en Hpa-An, capital del estado de Karen, donde un estudiante fue herido, según explicó a la AFP un testigo.

En Mandalay (centro), médicos y enfermeros, en huelga, también se manifestaron al alba, para evitar a la policía.

En tanto, en Rangún, la capital económica, los ciudadanos protestaron vistiendo trajes tradicionales al amanecer, para evitar a la policía, y algunos con pancartas que rezaban: “Fuera, dictador terrorista”, según los medios locales.

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Al caer la noche, en el estado de Shan (este), las fuerzas de seguridad mataron con “balas reales” a cuatro civiles en unos barrios residenciales, informó la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP), según la cual desde el golpe habrían muerto 320 personas, víctimas de la represión.

Desde Bangkok, una reina de la belleza Birmana, Han Lay, condenó la represión de las manifestaciones y aprovechó una entrevista con el medio tailandés Khaosod para lanzar un llamado: “Quiero decirle al mundo: por favor, apoyen al pueblo birmano. Hay tanta gente que muere por las balas de los militares... Por favor, sálvennos”.

Sanciones

Entretanto, el Reino Unido y Estados Unidos tomaron medidas contra los dos principales conglomerados en manos de militares birmanos, después de que Londres sancionara, a fines de febrero, a generales golpistas, incluyendo al jefe del ejército Min Aung Hlaing.

“Las sanciones de hoy tienen por objetivo intereses financieros del ejército, con el fin de cortar las fuentes de financiación de sus campañas de represión contra los civiles”, afirmó el ministro británico de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, en un comunicado en el que anunció sanciones contra el grupo Myanmar Economic Holdings (MEHL).

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Raab acusó al conglomerado de estar implicado en “graves violaciones de los derechos humanos” al financiar la campaña de “limpieza étnica” de las fuerzas armadas contra la minoría rohinyá en 2017.

Además del MEHL, Washington también anunció sanciones contra otro conglomerado de propiedad militar, Myanmar Economic Corporation.

“Los militares controlan partes significativas de la economía del país a través de estas dos corporaciones”, en particular en los sectores del comercio, los recursos naturales, el alcohol, los cigarrillos y los bienes de consumo, indicó el Tesoro de Estados Unidos en un comunicado.

Con todo, el relator especial de la ONU para Birmania, Tom Andrews, consideró que la comunidad internacional no iba lo suficientemente lejos y apuntó que las sanciones específicas “no cortaron el acceso de la junta a los ingresos que contribuyen a apoyar sus actividades ilegales”.

Indonesia y Singapur, dos países influyentes de la región, instaron por su parte a la junta a dejar de emplear armas letales.