El magistrado, Santiago Pedraz, hace estas afirmaciones en un auto del pasado 28 de mayo al que ha tenido acceso Efe, en el que acuerda inadmitir a trámite una denuncia por un delito de falsificación de documento de identidad interpuesta por el Club de Abogados de Marruecos, que pedía la "detención" de Ghali en España.
Pedraz, que mañana tiene previsto tomar declaración al líder del Polisario por videoconferencia por otras dos querellas desde el hospital español donde permanece ingresado, rechaza la denuncia dado que la posible falsedad alegada no está prevista dentro de las competencias de la Audiencia Nacional española.
El líder del Polisario entró en España a mediados del mes pasado para ser hospitalizado por COVID-19 y cuando se conoció su estancia en España, se desató una crisis diplomática con Marruecos.
Pero además, el juez en su auto aprovecha para tildar de "incierto" que Ghali esté "procesado" por "actos de tortura, secuestro y sospechoso de haber cometido crímenes de guerra", como dice la denuncia.
"Se están investigando unos hechos que podrían suponer la comisión de aquellos delitos, pero en modo alguno existe imputación contra el mismo, quien goza en todo momento del derecho a la presunción de inocencia; siendo totalmente desmedido pretender detener como afirmar que esta persona ha cometido crímenes atroces contra la humanidad", indica el magistrado.
La asociación denunciante, "constituida por más de 500 letrados marroquíes", acudió a la Fiscalía Superior de La Rioja, región donde está ingresado Ghali, para transmitir "la consternación e indignación" sentida "tras las informaciones" que indicaban que Ghali había ingresado "con una identidad falsa y presentando documentos de identidad falsificados".
Tras recibir la denuncia, el magistrado explica además en su auto que ésta se apoya en "informaciones", sin que "conste que efectivamente o al menos indiciariamente se hayan utilizado documentos falsos" por parte de Ghali.
El líder saharaui está citado mañana para prestar declaración por videconferencia en el marco de dos querellas por presuntas torturas de miembros del Frente Polisario contra la población saharaui disidente en los campos de Tindouf (Argelia).