El documento, publicado por el Mecanismo de Investigación Independiente para Birmania, recopila información de más de 900 fuentes, incluyendo el testimonio de 400 víctimas y testigos de estos ataques que, según los expertos, constituyen crímenes de guerra y contra la humanidad.
“Poseemos pruebas sustanciales de que se han cometido diversos crímenes de lesa humanidad en relación con la represión de la disidencia posterior al golpe de Estado del 1 de febrero de 2021″, señaló al presentar el informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el jefe del mecanismo, Nicholas Koumjian.
Entre los bombardeos que denuncia el informe figura el perpetrado la semana pasada en un mercado nocturno en el estado de Shan (norte), que causó la muerte de una docena de personas, entre ellas una mujer embarazada y dos niños.
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Según el informe, la Junta Militar ha justificado estos ataques aéreos, así como los perpetrados contra escuelas, monasterios, campos de refugiados, edificios religiosos e instalaciones sanitarias, con el argumento de que se trataba de “objetivos militares”, justificación que refuta el grupo de expertos.
El mecanismo tiene por misión estudiar posibles violaciones de derechos humanos en el país asiático desde 2011, aunque en su informe se enfoca especialmente en las perpetradas tras el golpe de Estado, así como los ataques a la minoría rohinyá, iniciados en 2016 y 2017.
Sobre estos últimos, el informe destaca el aumento de la violencia contra esta minoría, que habita mayoritariamente en el estado de Rakáin (oeste) y que, según los expertos, ha sido víctima de numerosos ataques aéreos, homicidios, torturas, violaciones e incendios de aldeas.
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El mecanismo espera que sus conclusiones puedan contribuir a los casos en marcha sobre las violaciones de derechos humanos del pueblo rohinyá ya abiertos en la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y en los tribunales argentinos.
En este sentido, el representante de la OCI (Organización para la Cooperación Islámica) y embajador pakistaní ante la ONU, Bilal Ahmad, pidieron en la sesión de este lunes al Gobierno birmano su colaboración con estos procedimientos en curso para proporcionar una “pronta y justa” rendición de cuentas a sus víctimas.