El líder de ZAPU, Sibangilizwe Nkomo, cuestionó la legalidad y el procedimiento de las audiencias en una demanda interpuesta el pasado fin de semana ante el Tribunal Superior de Bulawayo, en un caso que examinará este martes el juez Munamato Mutevedzi en esa ciudad (suroeste).
Nkomo, hijo del difunto vicepresidente Joshua Nkomo (1990-1999) y fundador del ZAPU, dijo a EFE que su partido “no apoya este programa de investigaciones y audiencias” porque “es una parodia de justicia para el pueblo de las provincias de Matabeleland (sur) y Midlands (centro)”, donde se perpetraron las matanzas.
Las audiencias han sido criticadas por la prohibición impuesta a los medios de comunicación para cubrir el proceso, que se celebra a puerta cerrada desde que empezó el viernes pasado en Bulawayo, segunda ciudad más grande del país.
“Hemos aconsejado a nuestros miembros no participar de un proceso envuelto en secreto y controversia. ZAPU quiere que las personas implicadas en las atrocidades den testimonio, ya que algunos de ellos aún están vivos hoy día”, agregó Nkomo.
El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, anunció en julio de 2024 la apertura de las investigaciones por las masacres contra la minoría ndebele en la década de 1980.
Gukurahundi es el nombre dado a la operación de limpieza étnica contra los ndebeles, que fue ejecutada por la Quinta Brigada del Ejército Nacional de Zimbabue bajo las órdenes del entonces presidente del país, Robert Mugabe (1987-2017), según la ONG estadounidense Genocide Watch (GW).
Mugabe, líder de la Unión Nacional Africana de Zimbabue - Frente Patriótico (ZANU-PF), pertenecía a la mayoría étnica shona y ordenó las masacres para derrotar a su rival, Joshua Nkomo -de origen ndebele- con la intención de formar un Estado unipartidista, indicó GW, que considera las matanzas un genocidio.
Las audiencias comenzaron el viernes pasado con la presencia de 72 líderes tradicionales de las provincias víctimas de las masacres y el establecimiento de la logística.
El presidente del Consejo de Jefes (que lidera las audiencias sobre las matanzas), Matshane Nkumalo, negó a EFE la existencia de ordenes judiciales, de momento, para detener el proceso.
“Seguiremos adelante, ya que no hay una orden judicial que detenga los procedimientos”, afirmó Nkumalo.
El activista del Foro de ONG por los Derechos Humanos de Zimbabue Obert Masaraure apoyó la impugnación judicial del ZAPU porque “las audiencias organizadas por el Gobierno son un intento desesperado de encubrir y blanquear las atrocidades de Gukurahundi".
"Deberían nombrar una comisión internacional independiente liderada por ciudadanos creíbles”, agregó Masaraure.
Mnangagwa, de 82 años y que dirige Zimbabue desde 2017, cuando un golpe militar derrocó a Mugabe, era ministro de Seguridad del Estado durante las matanzas.