La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó que recibió “reportes reiterados” por parte de familiares de presos políticos en Venezuela, quienes conocieron sobre los traslados “al acudir a los centros de reclusión para entregar alimentos e insumos básicos” a sus parientes, sin haber recibido un “previo aviso” de estas medidas.
“Este patrón persistente de traslados intercarcelarios arbitrarios, ejecutados sin orden judicial y sin notificación adecuada a las familias ni a los abogados de confianza, constituye una grave violación a los estándares nacionales e internacionales”, subrayó JEP en su cuenta de X.
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Por tanto, exhortó a las autoridades a dar información “oportuna, veraz y completa” sobre el paradero de las personas trasladadas, así como “garantizar” que cualquier movimiento entre centros de reclusión tenga “autorización judicial, justificación legal y notificación inmediata a familiares y representantes legales”.
Por su parte, el Comité de derechos humanos del partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, también denunció “nuevos traslados arbitrarios” de presos políticos encarcelados en Caracas.
“Familiares y abogados no fueron informados de esta situación. Basta de injusticias”, manifestó el Comité en X.
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Al respecto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa venezolano reportó en X que los familiares del periodista Rory Branker -detenido el pasado 20 de febrero- informaron sobre su traslado a un “destino desconocido sin aviso previo”, por lo que exigió que se informe dónde se encuentra.
Más temprano, el partido opositor Voluntad Popular reportó el traslado del activista político A-detenido hace 16 meses- desde la sede de la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Caracas, hasta la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo (norte), a 176 kilómetros de la capital venezolana.
El sábado, la ONG Foro Penal denunció la muerte en prisión y bajo custodia del Estado del exgobernador opositor de Nueva Esparta (insular) Alfredo Díaz, quien llevaba más de un año preso y “aislado”, según dijo el director de la institución, Alfredo Romero.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario del país caribeño informó ese mismo sábado que Díaz, considerado preso político por la oposición, murió producto de un infarto.
Machado y el líder opositor Edmundo González Urrutia advirtieron que el fallecimiento del exgobernador revela un “patrón sostenido de represión estatal” y denunciaron que ya son siete los presos políticos que han muerto en prisión luego de las presidenciales del 28 de julio de 2024.
Foro Penal contabilizó 887 presos políticos en Venezuela hasta el 1 de diciembre, 85 de ellos con nacionalidad extranjera.
Sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -asegura- cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.