Según reportaron medios locales a última hora del lunes, la Unión Progresista para la Renovación (UPR) obtuvo un 41,21 % de los votos y el Bloque Republicano (BR) consiguió un 36,62 %, lo que otorga a estos dos partidos -ambos miembros de la coalición presidencial- la totalidad de los 109 asientos de la Cámara.
Así, a pesar de pequeños cambios en los porcentajes respecto a los resultados provisionales anunciados el sábado por la Comisión Electoral Nacional Autónoma (CENA), el tribunal ratificó que la UPR obtuvo 60 escaños y el BR, 49, mientras el tercer partido de la coalición gubernamental, el Movimiento de Élites Comprometidas por la Emancipación de Benín (Moele-Bénin), no logró entrar en el reparto de asientos.
El oficialismo logró así superar los 81 escaños que ocupaban hasta ahora en la Asamblea Nacional, mientras las principales fuerzas opositoras -Los Demócratas (LD) y la Fuerza Cauris por un Benín Emergente (FCBE)- perdieron los 28 escaños que lograron en las elecciones legislativas de 2023.
La participación se situó en un 36,74 %.
Los comicios se celebraron en un contexto marcado por la tensión política, la inseguridad en el norte del país y un reciente intento de golpe de Estado, y son un paso determinante para las elecciones presidenciales de abril próximo.
La votación tuvo lugar solo un mes después de una intentona golpista protagonizada por militares amotinados el pasado 7 de diciembre, que fue sofocada en cuestión de horas por las Fuerzas Armadas beninesas, con apoyo de la vecina Nigeria.
La seguridad también figuraba entre las principales preocupaciones del electorado, ya que el norte de Benín ha sufrido ataques en los últimos años por parte de grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y procedentes de Burkina Faso y Níger, lo que ha provocado desplazamientos internos.
A esta situación se suma que, pese a un periodo de crecimiento económico bajo el Gobierno del presidente Patrice Talon, de 67 años y en el poder desde 2016, sus detractores le acusan de endurecer las restricciones contra la oposición y de recortar libertades civiles.
Amnistía Internacional (AI) alertó recientemente de que "el espacio cívico sigue reduciéndose en Benín, con ataques contra medios independientes y personas que siguen siendo detenidas arbitrariamente por disentir".