Es “una estrategia nacional de seguridad”, dijo el presidente izquierdista Yamandú Orsi, al dar a conocer la iniciativa, que para su puesta en marcha requiere aún aprobación del Congreso.
Uruguay, un pequeño país sudamericano de 3,5 millones de habitantes considerado uno de los más pacíficos de Latinoamérica, ha registrado un repunte de la criminalidad en los últimos años, atribuido en gran parte a un aumento del narcotráfico.
El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que el gobierno pretende ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas en el control del narcotráfico y la vigilancia de las fronteras.
Lea más: Uruguay avanza con una ley contra la violencia digital hacia mujeres
“Queremos ampliar el ámbito de jurisdicción que le corresponde a las Fuerzas Armadas”, afirmó junto a Orsi.
Vigilancia castrense
También se busca ampliar las competencias de la vigilancia castrense.
“Esto se traduce en un centro de comando unificado en seguridad de fronteras que va a compartir la información que recaban los medios tecnológicos”, de las Fuerzas Armadas y la Policía, precisó Negro.
El ministro destacó que desde la llegada de Orsi al poder, en marzo de 2025, se incautaron más de 9 toneladas de droga y más de 250 millones de dólares en sustancias, efectivo y bienes.
Tránsito de drogas
Uruguay no produce cocaína, pero en los últimos años se detectaron en puertos europeos grandes cargamentos de droga que pasaron por Montevideo, lo que parece indicar que el país se convirtió en un lugar de acopio.
Al aumento de homicidios relacionados con el narcotráfico se sumó en 2025 una nueva señal de alerta cuando la fiscal de Corte y reconocida fiscal de estupefacientes sufrió un atentado a su casa, que se saldó sin heridos.
La Policía detuvo a varias personas en relación con el caso, pero apuntó como uno de los posibles autores intelectuales al uruguayo Sebastián Marset. Considerado uno de los máximos capos del narcotráfico en el Cono Sur americano. Marset fue capturado este mes en Bolivia y enviado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de lavado de activos.
Porte ilegal de armas
El gobierno de Orsi pretende también penas más duras para el porte ilegal de armas en lugares públicos, y nuevo soporte tecnológico para luchar contra la violencia de género y los ciberdelitos.
También se plantea avanzar en la construcción de dos cárceles de máxima seguridad anunciadas por Orsi este mes, al cumplir un año en el cargo.
Uruguay es uno de los países de Sudamérica con mayores tasas de población carcelaria, con cerca de 17.000 personas, y 10,3 homicidios cada 100.000 habitantes en 2025.