El Ejecutivo comunitario incluye además en la medida a proveedores de Rusia, Corea del Norte e Irán, países que también ha identificado como origen de ciberataques contra la UE, aunque su presencia en el mercado de onduladores es marginal frente a la de China, que concentra en torno al 80 % del suministro global.
Fuentes comunitarias subrayaron que los proveedores de países que no se consideran de riesgo, como Japón, Corea del Sur, Suiza o Estados Unidos, seguirán siendo elegibles para recibir financiación europea, y que la medida sólo supondrá un encarecimiento de menos del 2 % de los equipos.
Bruselas teme que Pekín podría utilizar esos aparatos como "arma de guerra" debido a su alta penetración en el mercado, como ocurre con muchas materias primas críticas, además de una brecha de ciberseguridad en los sistemas europeos.
Los onduladores o invertidores son dispositivos electrónicos que transforman corriente continua en corriente alterna y actúan como el "cerebro" de determinados sistemas energéticos, ya que regulan y gestionan el flujo de electricidad.
Se utilizan en infraestructuras como instalaciones de energía solar fotovoltaica, parques eólicos, sistemas de almacenamiento con baterías, redes eléctricas, centros de datos, vehículos eléctricos y equipos industriales, donde permiten adaptar la electricidad generada o almacenada a los estándares de consumo o de la red.
La decisión, anunciada este lunes pero adoptada formalmente el pasado 1 de abril, forma parte de la estrategia europea para reforzar la seguridad económica y no constituye una medida aislada, sino que complementa otras iniciativas en marcha en Bruselas en materia de resiliencia y control de riesgos tecnológicos, aseguran fuentes europeas.
La Comisión entiende que cumple íntegramente con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), agregaron las fuentes.
En la práctica, la prohibición se aplicará mediante instrucciones internas a los servicios de la Comisión para excluir de la financiación comunitaria los proyectos que utilicen equipos de proveedores considerados de alto riesgo.
Los equipos financiados con fondos nacionales en vez de comunitarios no entran en el ámbito de aplicación, pero la Comisión está hablando con los países miembros de la UE para "animar a que tomen medidas similares", y tampoco obliga a retirar los que ya se han instalado.
El calendario previsto por la Comisión contempla que los proyectos energéticos conectados a la red eléctrica -o que prevean hacerlo- dispondrán de un periodo transitorio si ya están en marcha, sobre los que la Comisión tomará una decisión específica antes del 1 de noviembre.
En el caso de proyectos fuera de la UE conectados a la infraestructura eléctrica europea se contemplan plazos más amplios de adaptación. La decisión se apoya en una comunicación sobre seguridad económica en la UE que proponía una estrategia más proactiva, rápida y sistemática.
El veto responde a informes de inteligencia de los Estados miembros y análisis de riesgo de la Comisión que alertan de vulnerabilidades en infraestructuras críticas, con potenciales consecuencias como interrupciones del suministro eléctrico.