Así lo dio a conocer la ONG en un comunicado enviado a EFE en donde explican que la querella "fue presentada el pasado 14 de mayo y declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago este martes".
La presentación de la querella ocurre después de que "un reportaje periodístico del (dirio digital local) Reportea revelara que Andes Iron, como titular de Dominga, habría realizado pagos por más de 255 millones de pesos al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, pese a que la empresa cuenta con otro estudio para su representación y asesoría jurídica".
"Cabe recordar que dos de los socios del estudio en cuestión —los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas— actualmente se encuentran imputados y en prisión preventiva por su intervención en un esquema de corrupción del Poder Judicial", recordó Mauricio Daza, abogado penalista que representa a Greenpeace en esta acción judicial.
“Es fundamental que se aclare si existió alguna actuación ilícita en el contexto de la tramitación judicial del proyecto Dominga, considerando que los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos están imputados y en prisión preventiva porque habrían pagado coimas a (la ex jueza Ángela) Vivanco, a fin que actuara en favor de uno de sus clientes", indicó.
"Además, se ha revelado a partir de esa investigación penal que tanto el actual ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, como su cónyuge, María Cecilia Ramírez, habrían mantenido vínculos con el estudio Lagos, Vargas y Silber”, agregó.
Vivanco fue apartada de sus funciones y encausada por su supuesta implicación en el caso conocido como Muñeca Bielorrusa, uno de los más graves de corrupción en la historia de Chile.
“Esta acción judicial busca esclarecer la verdad en esta materia y restituir la confianza en las instituciones públicas, el Poder Judicial y, particularmente, la institucionalidad ambiental, puesto que este tipo de acontecimientos afecta profundamente al Estado en su conjunto”, explicó por su parte Matías Asun, director de Greenpeace Chile.
Asun recordó, asimismo, que durante la larga tramitación del proyecto minero portuario Dominga (desde su ingreso a evaluación en 2013) "sus titulares se han visto salpicados en reiteradas oportunidades por acusaciones de corrupción".
El proyecto Dominga fue bloqueado por el anterior Gobierno, liderado por el progresista Gabriel Boric (2022-2026), pero ha visto alentadas sus opciones de reactivarse con la llegada del actual Ejecutivo, liderado por el ultraderechista José Antonio Kast, quien ha denunciado en numerosas ocasiones que la "excesiva permisología" es un impedimento para el desarrollo.