Así lo dijo en una entrevista a EFE la experta española Ofelia Tejerina, abogada, Máster en Derecho Informático y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid (UCM, una de las principales del país), además de autora del libro 'Seguridad del Estado y Privacidad'.
"Se pueden paralizar sectores estratégicos, pues Panamá es un punto neurálgico geopolíticamente con sus puertos, canales, cables submarinos y el sistema financiero. Un ataque a un fallo de estas redes que no tienen estándares claros de seguridad puede paralizar el comercio internacional también causando daños inimaginables", señaló Tejerina.
La experta es, además, presidenta de la Asociación de Internautas desde 2019, fundadora de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC (ENATIC) y miembro de grupos de expertos del Gobierno en derechos digitales y lucha contra la desinformación.
Panamá se prepara para una mayor implantación de las redes 5G, que trata de impulsar, entre otras medidas, con una licitación internacional para un tercer operador móvil, por lo que es fundamental estar preparados.
“La ciberseguridad es prevención. Si no pensamos en prevenir problemas, no estamos ejecutando bien el concepto. Si además hay un despliegue 5G, pues esto supone que se va a ampliar la superficie de ataque, y cualquier vulnerabilidad en las redes puede paralizar un país entero, no solo servicios esenciales o servicios importantes", asegura Tejerina.
El Estado panameño ha sufrido una oleada de ciberataques desde el año pasado que coincide con un proceso de digitalizar los servicios públicos y solo en lo que va de 2026 ha reconocido al menos cinco grandes incidentes cibernéticos que comprenden el robo de datos a cambio de un rescate millonario, la saturación de servicios hasta inhabilitarlos y la anulación de los controles de seguridad.
Tejerina apunta "que no solo va a afectar la economía local, sino también el comercio global, porque un problema que se produce en Panamá también va a afectar a otros partners (socios), colaboradores con los que trabajan en el comercio internacional".
Así, la experta recomienda tomar como referencia el paquete normativo de la Unión Europea para diseñar una estrategia basada en la "responsabilidad proactiva" y la resiliencia de las empresas.
El reglamento europeo de ciberseguridad, vigente desde 2019, crea un marco común de certificación para productos, procesos y servicios digitales en la UE y refuerza el papel de la agencia para la ciberseguridad. Después, la UE amplió ese marco con nuevas normas para alerta, emergencias, resiliencia y futura certificación de servicios frente a ciberataques.
También está el concepto de "proveedor de alto riesgo" que es vital en Europa, y “se refiere a la necesidad de evaluar si un proveedor está sujeto a la influencia de gobiernos extranjeros que no respetan la protección de datos o la transparencia", algo clave para la soberanía de cualquier país.
"Estos proveedores de alto riesgo de los que nos hacemos eco suelen ser países que tienen una legislación muy diferente y eso es lo que tenemos que controlar. En manos de quién estamos dejando que funcione o no funcione la estrategia de ciberseguridad de nuestro país, las infraestructuras más críticas, esenciales o importantes”, subrayó.
Tejerina enfatizó que una legislación moderna no solo debe enfocarse en blindar la infraestructura tecnológica, sino en establecer auditorías estrictas, definir claramente qué es un proveedor de riesgo y obligar a una rendición de cuentas transparente.
Para la experta, el éxito de este marco dependerá de una alianza estrecha entre el Estado, el sector privado y la academia, asegurando que el país financie la investigación y forme el talento especializado necesario para anticiparse a las amenazas, ya que, en un entorno digital tan volátil, "la seguridad nacional no tiene precio".
“Aprobar una regulación clara sobre este sistema va a garantizar la soberanía digital de cualquier estado, de Panamá en concreto a largo plazo (...) La ciberseguridad no es negociable, ya no es un proyecto, ya no es un aspecto más a tener en cuenta en los presupuestos, sino que de ello depende el funcionamiento del propio Estado en general”, sentenció.