Se trata del decreto ley “Del Sistema Empresarial Estatal Cubano” y el “Modificativo del Decreto Ley no. 76 de las Cooperativas Agropecuarias”, que fueron aprobados en "una sesión extraordinaria del Consejo de Estado", refirió el diario oficial Granma.
En cuanto a la primera de estas normas, el texto del medio estatal señala que “busca regular los principios generales de organización y funcionamiento del sistema empresarial estatal para su transformación y desarrollo bajo la conducción del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEE)”.
El Ejecutivo de La Habana había publicado en la Gaceta Oficial a fines de este junio el Decreto 144/2025 sobre la creación de ese instituto, considerado “una institución presupuestada” y “subordinada al Consejo de ministros” (máximo órgano de Gobierno cubano), para “el perfeccionamiento del sistema empresarial estatal.
Entre sus facultades, según la Gaceta Oficial de la isla, estarán “asesorar, proponer, implementar y controlar las políticas y regulaciones dirigidas al sistema empresarial estatal”.
Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo, señaló que con la aprobación de ese decreto ley, se “ratifica a la empresa estatal socialista como el sujeto principal” de la economía insular.
Por otra parte, la norma “Modificativo del Decreto Ley no. 76 de las Cooperativas Agropecuarias” reglamentará “la constitución, organización, integración y funcionamiento de estas cooperativas”.
Las autoridades del ministerio cubano de la Agricultura, explicaron la pasada semana a medios nacionales que, entre las medidas de este sector relacionadas con el paquete de 176 reformas económicas, estaba la autorización a las cooperativas a importar y comercializar combustibles como insumo, realizar comercio exterior y gestionar directamente financiamientos externos y abrir cuentas bancarias en el exterior.
A ello se sumará la eliminación de los límites de hectáreas en la entrega de tierras, su tiempo de explotación y facilidades para que todos los actores económicos pueden solicitar tierras: cuentapropistas, pequeñas o medianas empresas (mipymes), empresas mixtas e inversión extranjera.
Incluso aquellas de personas que emigraron del país, pero conservan su ciudadanía efectiva, podrán solicitar tierras en usufructo en la isla.
Cuba lleva más de seis años sumida en una grave crisis estructural que ha contraído su economía más de un 15 % entre 2020 y 2025. La presión estadounidense con el bloqueo petrolero iniciado en enero pasado y una nueva oleada de sanciones secundarias desde mayo a sectores claves de la economía, ha agudizado la precariedad del país caribeño.
En este contexto, el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), la Asamblea Nacional y el Consejo de Ministros de la isla, dieron luz verde este junio -de manera urgente y en sesiones extraordinarias- a reformas económicas que van desde dinamizar el comercio exterior hasta otorgar el derecho real de usufructo sobre la tierra a personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales.