La Policía Federal cumplió órdenes de registro en seis direcciones de los municipios de São Bernardo do Campo y São Vicente, en el estado de São Paulo (sureste), en busca de pruebas, según señaló la institución en una nota.
En paralelo, la Justicia impuso medidas cautelares contra tres investigados y decretó el embargo de hasta 10 millones de reales (casi 2 millones de dólares) en bienes, cuentas y activos financieros de dos de ellos y empresas vinculadas a estos.
De esta forma, los sospechosos tendrán que entregar sus pasaportes, llevar tobillera electrónica y comparecer ante las autoridades cuando se les requiera.
La investigación, que contó con el apoyo de las fuerzas de seguridad francesas, descubrió que el grupo de trata "ofrecía a las víctimas documentos de viaje, billetes, alojamiento y difusión de anuncios en el extranjero".
Los investigados podrían responder ante la Justicia por los delitos de trata internacional de personas con fines de explotación sexual y organización criminal, de acuerdo con la Policía Federal brasileña.