El decreto, presentado en el Palacio Nacional por el presidente dominicano, Luis Abinader, ordena reforzar la prevención, detección e investigación de acciones graves contra áreas protegidas, cuencas hidrográficas, presas, embalses, manglares, humedales y nacimientos de ríos.
Abinader afirmó que las acciones deliberadas o sistemáticas que provoquen daños graves o la desaparición de parques nacionales serán consideradas dentro de esta categoría y advirtió de que el Estado actuará contra sus responsables, sean dominicanos o extranjeros.
El mandatario señaló que durante décadas los parques nacionales no recibieron la suficiente atención ni seguridad jurídica y explicó que su Gobierno inició un proceso para regularizar, mediante títulos de propiedad, las áreas protegidas que aún no figuraban a nombre del Estado.
También advirtió sobre los incendios forestales provocados, que, según dijo, además de destruir la flora y la fauna, amenazan las fuentes de agua y la seguridad alimentaria del país.
La norma instruye al Comité Nacional Antiterrorista, así como a los ministerios de Defensa y Medio Ambiente, la Policía Nacional y la Dirección General de Migración a elaborar una Política Nacional de Prevención y Combate al Terrorismo Medioambiental.
La política estará dirigida, entre otros objetivos, a prevenir y enfrentar incendios forestales provocados y amenazas contra infraestructuras hídricas y energéticas.
La disposición establece además que las agresiones contra el patrimonio ambiental sean remitidas al Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Abinader señaló que las conductas contempladas en el nuevo marco legal podrán conllevar penas de entre 20 y 30 años de prisión, de acuerdo con las disposiciones del Código Penal y la calificación jurídica de cada caso.
El presidente instruyó a las Fuerzas Armadas, los organismos de inteligencia y Migración a perseguir tanto a los autores materiales como a quienes ordenen, financien o faciliten estas actividades.
El decreto contempla asimismo mecanismos de denuncia confidencial y herramientas tecnológicas para facilitar la colaboración ciudadana en la protección de los recursos naturales.