"Nos permitimos recordar al ilustrado Gobierno de la hermana Costa Rica, que Nicaragua es un país y un pueblo digno y soberano y que no aceptamos la injerencia de otros en nuestros propios asuntos", señaló la Cancillería nicaragüense en una nota oficial.
En el documento, Nicaragua exigió, "como vecinos y hermanos centroamericanos", relaciones que tomen en cuenta "que hace 205 años iniciamos otra historia que no nos permite, de ninguna manera, interferir en temas que en nada nos conciernen, cuando corresponden al derecho de cada país a desarrollar sus procesos institucionales soberanos".
"Recordamos que el respeto al derecho ajeno es la paz, y observando las grandes dificultades que hay entre las instituciones de ese país, incluyendo las graves amenazas a la seguridad y la vida de sus máximas autoridades, desde su presidenta, doña Laura Fernández, reiteramos que no interferimos, no nos involucramos y no emitimos ningún criterio sobre asuntos que solo pertenecen al pueblo y Gobierno de Costa Rica", continuó Managua en la nota, suscrita por el cocanciller Valdrack Jaentschke.
Costa Rica expresó el jueves "su profunda preocupación por el continuo deterioro democrático en Nicaragua, agravado por la reciente reforma constitucional que limita aún más la participación política y electoral".
Reiteró "su llamado al respeto de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y el derecho del pueblo nicaragüense a decidir libremente su futuro, mediante procesos electorales que garanticen la pluralidad y las condiciones propias de una democracia auténtica".
El Gobierno costarricense anunció también que apoyará "una respuesta firme y coordinada" en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado martes en una primera legislatura, de dos necesarias para entrar en vigor, una nueva reforma constitucional impulsada por Ortega -quien gobierna desde 2007-, que excluye de participar a cargos de elección popular a los "traidores a la patria" y amplía a siete años el mandato presidencial.
Ortega precisó que serán aprobadas el 18 de enero próximo, ya durante la próxima legislatura, después de afirmar que en su país "no volverá a haber elecciones", provocando un enorme rechazo internacional.
Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026 pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.