Fuentes jurídicas informaron a EFE de que la corte de garantías tomó esta decisión una vez que el magistrado conservador José María Macías, que respaldaba la postura del Supremo de no aplicar la amnistía a los líderes del proceso independentista de 2017 por el delito de malversación, retiró su ponencia.
Macías aceptó redactar otra para el pleno del 6 de octubre que recoja los argumentos de la mayoría para estimar el recurso de Turull, de repercusión directa para Carles Puigdemont.
Serán entonces los criterios técnicos y la argumentación los que determinarán cual es la doctrina para el resto de los amparos de condenados y procesados por rebeldía, como es el caso del expresidente catalán.
Hasta ahora, Llarena se había negado a aplicar la amnistía por el delito de malversación, por lo que éste recurrió al Tribunal Constitucional para que le concediera el amparo.
Hace una semana, Llarena rechazó la petición del expresidente catalán de aplicar la amnistía al delito de malversación, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado mes de julio, que avaló la Ley de Amnistía a los líderes independentistas.
El TJEU concluyó entonces que esa ley se ajusta al derecho comunitario, porque "tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación".
Además, no vulnera las normativas europeas sobre terrorismo ni afecta a los intereses financieros de la UE, en contra del criterio del Supremo. Esta decisión era esperada por el Tribunal Constitucional español para exponer su criterio.
Además, ya el pasado mes de febrero la Fiscalía y la Abogacía del Estado español pidieron al Tribunal Constitucional que conceda el amparo a Carles Puigdemont, ante la negativa del Tribunal Supremo de no aplicarle la Ley de Amnistía.
Puigdemont, era el presidente del Ejecutivo catalán en 2017, cuando el Parlamento regional aprobó la fracasada declaración de independencia.
Algunos de los dirigentes independentistas de esa época permanecieron en España, fueron juzgados y condenados a penas de cárcel y después amnistiados parcialmente por el Gobierno, pero Puigdemont (y otros) salió de España antes y, al no ser juzgado, tiene acusaciones pendientes en el Tribunal Supremo.
La sentencia del Tribunal Constitucional será determinante para el posible regreso a España de Carles Puigdemont.