En un video publicado en sus redes sociales, Jara explicó que su Gobierno solicitará al Congreso de Oaxaca "declarar formalmente la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán", para posteriormente nombrar a un encargado provisional por parte del Ejecutivo estatal, como establece la ley.
El gobernador afirmó que el gobierno estatal asegurará que la transición ocurra de forma "ordenada" para que Juchitán "siga funcionando", a la vez que expresó su confianza de que el Congreso local procese la solicitud "a la brevedad posible", y remarcó que Juchitán "no está solo".
Finalmente, dijo que en los próximos días se reforzará la presencia de seguridad y se mantendrá la coordinación con el gobierno federal.
El anuncio ocurre luego de que autoridades federales arrestaran el miércoles a Sánchez Altamirano, y a un hombre identificado como alias La Parca, ambos con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
Según las autoridades, los dos están relacionados con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión, el cobro de impuestos ilegales a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.
Sánchez Altamirano, militante del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), gobierna Juchitán para el periodo 2025-2027, después de haber asumido por primera vez la alcaldía en 2022 como sustituto de Emilio Montero Pérez y posteriormente ganar la elección municipal de 2024.
El caso ocurre en medio de una estrategia de seguridad desplegada desde abril en Juchitán, uno de los principales municipios del Istmo de Tehuantepec, ante la incidencia de delitos como homicidio, extorsión y narcomenudeo.
En abril pasado, la Fiscalía de Oaxaca identificó precisamente esos tres delitos entre los de mayor impacto en el municipio y señaló que grupos criminales habían incorporado incluso a menores de edad en actividades como vigilancia, extorsión y sicariato.
Como parte del denominado Plan Juchitán para la Paz, la Justicia y el Bienestar, autoridades estatales reportaron en julio 219 detenciones, 35 armas de fuego aseguradas y más de 3.600 dosis de drogas decomisadas.
El propio Sánchez Altamirano había participado junto con autoridades estatales y federales en acciones de esa estrategia de pacificación y seguridad en el municipio.