"El solicitante no logró demostrar circunstancias excepcionales que permitan su libertad bajo fianza", afirmó la jueza Hleziphi Mkhasibe, del Tribunal de Primera Instancia de Randburg, suburbio de la ciudad de Johannesburgo (norte), según recogen medios locales.
"En consecuencia, se deniega la fianza y el solicitante permanecerá en custodia", añadió, al argumentar que, si era puesto en libertad, Sibiya podría interferir en el proceso y presentar un riesgo para las víctimas y los testigos en el caso.
Así, se refirió a las pruebas de que el ex alto cargo policial amenazó en al menos dos ocasiones al padre de la adolescente de 16 años a la que supuestamente ciberacosó (el llamado "grooming") a través de redes sociales.
"La segunda amenaza establece un patrón de comportamiento peligroso. Muestra intención deliberada, lo que significa que la persona no solo tuvo un desliz momentáneo la primera vez. Realmente, quiere causar un daño", consideró Mkhasibe.
En su fallo, la jueza también señaló que Sibiya borró el contenido de su teléfono móvil, con el presunto objetivo de borrar las conversaciones que había mantenido con la víctima.
"Él era consciente de que estaba cometiendo un delito. También era consciente de que estaba manipulando pruebas que podían incriminarlo. A mi juicio, el acusado llegará a cualquier extremo", aseveró.
Sibiya dimitió el pasado día 12 durante una vista disciplinaria, lo que hace que su salida del servicio se considere "una baja deshonrosa", según dijo entonces en un comunicado la portavoz del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS), Athlenda Mathe.
El exsubcomisionado permanece bajo custodia policial tras ser detenido el mes pasado como sospechoso de la violación de una joven de 18 años en un hotel de Johannesburgo y por ciberacoso a una adolescente de 16 años a través de redes sociales.
El exnúmero dos del SAPS se encontraba suspendido de sus funciones desde septiembre de 2025 y ha negado todas las acusaciones.
Este proceso tiene lugar en el marco de la Comisión Madlanga, la junta judicial creada por el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, para investigar la corrupción policial, por presuntos sobornos recibidos del empresario Vusimuzi ‘Cat’ Matlala, procesado por fraude en una licitación de servicios sanitarios valorada en 360 millones de rands (unos 19,1 millones de euros)..
El contrato en cuestión se adjudicó para proporcionar servicios de salud a los agentes policiales, pero fue cancelado en 2025 tras revelarse presuntas irregularidades y vínculos entre la empresa adjudicataria, Medicare 24 (propiedad de Matlala) y altos cargos del SAPS.
Por ese caso, el comisionado de la Policía sudafricana, el general Fannie Masemola, fue suspendido por Ramaphosa el pasado abril, pero, en septiembre, la Fiscalía retiró los cargos contra él al considerar que no existían pruebas "razonables" para lograr una condena.
Junto a Sibiya y Matlala, parte de la cúpula policial afronta cargos de fraude, lavado de dinero e incumplimiento de las leyes financieras del país, aunque casi todos se encuentran en libertad bajo fianza.
En 2025, Ramaphosa también suspendió a su ministro de Policía, Senzo Mchunu, y anunció la creación de la citada comisión para investigar sus presuntos vínculos con bandas criminales.