El pasado 16 de septiembre, Salvamento Marítimo rescató a 131 kilómetros al nordeste de Lanzarote una lancha con 82 inmigrantes africanos a bordo. Al llegar a tierra, una mujer de Guinea acusó a dos hombres de Mali y otro de Burkina Faso de haberla violado en el mar, en una denuncia que fue corroborada por un testigo directo.
Los tres denunciados fueron detenidos el 19 de septiembre por la Policía Nacional e ingresaron en prisión provisional, pero a los cinco días quedaron en libertad después de que la Fiscalía alertara de que España carece de competencia para juzgarlos, pues los hechos habían ocurrido en aguas internacionales, en una lancha sin pabellón y ni la víctima ni los acusados tienen la nacionalidad española.
En un auto al que tuvo acceso EFE, la jueza de Arrecife Mercedes Gutiérrez decreta el archivo del caso, pero también pide a los Ministerios de Justicia y Exteriores que exploren la posibilidad de que lo retomen alguno de estos cuatro países: Marruecos, de donde salió la lancha; Mali y Burkina Faso, los países de nacimiento de los denunciados; y Guinea, de donde es la víctima.
En el informe que determinó la puesta en libertad de los detenidos, la Fiscalía fue más allá y expuso la conveniencia de que las Cortes Generales aborden una reforma legislativa que permita a España juzgar más delitos cometidos en aguas internacionales, si ocurren en pateras con destino a sus costas.
En la actualidad, los juzgados españoles solo pueden actuar contra el delito de favorecimiento de la inmigración ilegal (básicamente, perseguir y encarcelar a los patrones de la patera) y contra hechos que sean consecuencia del anterior, como una muerte por sed o ahogamiento, que se cataloga como homicidio por imprudencia.
En este caso, el Juzgado exploró la vía del convenio de Estambul, que en casos de violencia contra la mujer permite a sus países firmantes juzgar delitos cometidos en el extranjero por nacionales de otros Estados que vivan de forma habitual en su territorio.
Sin embargo, no cabe presumir que un extranjero que acaba de llegar a España días antes en una patera ya reside en su territorio.
La jueza recuerda que Marruecos tiene en vigor un convenio de cooperación en materia penal con España que permite que el Ministerio de Justicia le haga llegar ya la denuncia de la víctima.
En cuanto a Burkina, Mali y Guinea, deja en manos de los Ministerios de Justicia y Exteriores determinar el "cauce adecuado para comunicar los hechos a sus autoridades". Con ese propósito, ordena preservar los informes médicos, los documentos y los testimonios recabados en Lanzarote por si fueran de utilidad.