En un nuevo informe, AI señaló que la población de Al Fasher "sigue sufriendo detenciones, torturas y un acceso limitado a la ayuda humanitaria un año después de que FAR tomaran la ciudad y cometieran atrocidades contra los civiles".
Al Fasher vivió un asedio de los paramilitares desde mayo de 2024 hasta la caída de la ciudad a finales de octubre de 2025, y durante este periodo los combates y bombardeos agravaron la crisis humanitaria, provocando escasez de alimentos, agua y medicamentos y miles de personas desplazadas.
Tras la toma de la ciudad, la ONU y otras organizaciones internacionales denunciaron ejecuciones, violencia sexual y ataques contra civiles que dejaron centenares de muertos, y advirtieron de posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En Al Fasher quedan menos de 70.000 personas, frente a una población de más de un millón de habitantes antes de la guerra, cifró AI basándose en datos recopilados por organizaciones humanitarias que operan en la ciudad.
El texto de AI recoge ahora nuevos testimonios de algunos residentes que lograron escapar recientemente de la ciudad, en los que relatan "cómo las escuelas fueron convertidas en centros de detención, cómo sus movimientos están estrictamente controlados y cómo las ejecuciones extrajudiciales se han vuelto una constante".
Añadió que el "acceso humanitario sigue siendo restringido y tanto el personal humanitario como el resto de la población civil en la ciudad están sometidos a una vigilancia constante", y afrontan el riesgo de sufrir detenciones arbitrarias.
"Las afirmaciones de las FAR de que Al Fasher es un lugar seguro para el retorno de la población civil, tras las horribles masacres ocurridas hace un año, no podrían estar más lejos de la realidad", declaró la secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard.
Asimismo, Callamard sostuvo que tras su caída "un manto de miedo omnipresente se cierne hoy sobre Al Fasher", donde "hombres y mujeres viven bajo la vigilancia constante de las FAR, enfrentándose a la amenaza permanente de detención, tortura y muerte", mientras denunció que la comunidad internacional no ha tomado las medidas necesarias.
La organización entrevistó a 24 civiles, entre ellos 19 residentes de Al Fasher y seis trabajadores humanitarios, que sufrieron torturas y presenciaron asesinatos, mientras recibían cantidades mínimas de comida y agua.
Todos fueron puestos en libertad únicamente tras el pago de un rescate por parte de sus familiares, o bien mediante la fuga, denunció AI.
Mientras, algunos de los residentes que regresaron a la ciudad contaron a Amnistía que el Al Fasher que conocían "ya no existe", y ahora es una urbe completamente destruida y "todo el mundo está aterrorizado".
AI hizo un llamamiento a que las FAR pongan en libertad "de inmediato" a todas las personas detenidas arbitrariamente, así como cesar la tortura y las ejecuciones, tanto en los centros de detención como en cualquier otro lugar.