"En estos días se debe observar con especial rigor el principio de que estas autoridades no inviten a cargos electos a acompañar sus actuaciones", se indica en una directriz emitida por la fiscal general, Gali Baharav-Miara, a cinco días de las elecciones generales.
Según el texto, que responde a un recurso del diputado Mansur Abás, líder del partido islamista Raam, las autoridades deben asegurarse de que las actuaciones previas a los comicios "se realicen sin la compañía de ningún actor político" y deben impedir que un cargo electo o un candidato haga "cualquier otro uso de los bienes del Estado relacionado con la propaganda electoral".
Además de asistir a las demoliciones de edificios pertenecientes a comunidades árabes del Néguev (sur de Israel, de mayoría beduina), Ben Gvir ha visitado en varias ocasiones a presos palestinos para amenazarlos de muerte y más tarde retransmitir los encuentros en sus redes sociales.
La nueva directriz de la fiscal general -basada, según la Fiscalía, en la ley electoral israelí-, restringe también la asistencia del ministro a las instalaciones del Servicio Israelí de Prisiones, con el fin de que no use bienes públicos "con fines de propaganda electoral".
Ben Gvir respondió este jueves a Baharav-Miara con una carta en la que tachaba la directriz de "ilegal" y "carente de competencia": "Seguiré participando activamente sobre el terreno, examinando de cerca el proyecto de demolición de construcciones ilegales", escribió en la misiva, citada por la resolución de la fiscal.
La semana pasada, el Comité Central Electoral calificó de propaganda prohibida un vídeo del ministro grabado en la celda de un preso condenado por terrorismo y ordenó retirarlo.
"El ministro Ben Gvir disfruta de una ventaja en el acceso a estos bienes públicos, y la ha explotado al máximo", señaló el Comité en su resolución, incluida en la directriz de la fiscal general.