Así lo anunció este martes la Presidencia de la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, que recordó en un comunicado que la participación en el Grupo es voluntaria y permanece abierta a todos los Estados miembros del ente regional.
Los miembros del Grupo estarán representados por los ministros de Relaciones Exteriores o los representantes designados, sobre la base de una representación geográfica equilibrada y con el apoyo técnico de la Secretaría General de la OEA, agregó la información oficial.
La resolución denominada 'La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua', adoptada el pasado 2 de octubre en una reunión extraordinaria de consultas cancilleres celebrada en Washington, exige a Nicaragua la celebración de elecciones y la liberación incondicional de presos políticos.
Esta resolución, que se aprobó después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunciara que no habrá más comicios en el país, creó el grupo ministerial de seguimiento sobre Nicaragua con la tarea de establecer un diálogos con las autoridades nicaragüenses y la oposición.
El Grupo debe "elaborar y entregar recomendaciones para consideración de la Reunión de Consulta en el plazo de hasta 60 días a partir de la aprobación de esta resolución que incluyan acciones diplomáticas y jurídicas concretas, que no impliquen el uso de la fuerza, de conformidad con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, los instrumentos interamericanos aplicables -en particular los de derechos humanos-, y el derecho internacional", dice el documento aprobado el 2 de octubre pasado.
La OEA no convocaba una reunión de consulta de los ministros de Exteriores desde 2019, cuando el organismo abordó la crisis política y de derechos humanos en Venezuela.
La reunión no contó con representantes de Nicaragua, dado que el país abandonó el organismo panamericano en 2023 por orden de Ortega.
La OEA decidió tomar medidas después de que Ortega declarara el pasado 19 de julio que en Nicaragua no habría más elecciones, tras lo cual el Gobierno nicaragüense impulsó una reforma constitucional para impedir la participación electoral de personas consideradas "traidores a la patria", en una referencia a la oposición.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, expresó que es "urgente" que Nicaragua recupere el orden constitucional, y pidió a los Estados miembros que actúen mediante herramientas como sanciones económicas que no afecten a la población, así como restricciones financieras y de viaje para ciertas autoridades.