"Hoy no hemos visto ninguna protesta, pero nos mantuvimos alerta. Cerca de 100 fábricas abrieron a pesar de ser fin de semana. El trabajo transcurrió pacíficamente", indicó a EFE el superintendente de Policía de Ashulia (una de las zonas más afectadas), Mohammad Mominul Islam Bhuiyan.
La Guardia Fronteriza de Bangladés (BGB, en inglés), fuerza paramilitar unida a la Policía para mantener el orden, informó de que permanece a la espera para actuar si los manifestantes regresan a las calles.
El Ejecutivo del primer ministro, Tarique Rahman, creó el domingo una comisión para revisar las remuneraciones del sector. Los trabajadores, que reclaman elevar el salario mínimo mensual de 12.500 takas (unos 101 dólares) a 30.000 takas (unos 244 dólares), esperan una respuesta de esta junta tras su primera reunión del miércoles.
"Acordamos anunciar una nueva estructura salarial lo antes posible. Cuando se tome la decisión, será efectiva a partir del 1 de diciembre", indicó a EFE el miembro de la comisión y líder sindical, Babul Akter.
Las demandas se volvieron violentas el domingo cuando los trabajadores bloquearon carreteras, incendiaron un vehículo y se enfrentaron a la Policía, que empleó gases lacrimógenos para dispersarlos.
El martes murió un trabajador de 35 años, empleado de Layla Styles Limited, tras ser atacado mientras grababa las protestas.
Un compañero relató a Human Rights Watch que la víctima quedó atrapada y fue golpeada por "hombres contratados para atajar la protesta por otra fábrica textil". Citando medios locales, la ONG denunció violencia perpetrada por matones vinculados a dueños de fábricas y políticos, además de vandalismo.
El Ejecutivo culpa a la opositora Liga Awami de estar detrás de los disturbios y, según medios locales, ordenó este viernes congelar más de 100 cuentas bancarias de empresarios vinculados a la antigua formación gobernante, recientemente derrocada.
El sector de la confección genera más del 80 % de las exportaciones de Bangladés y fabrica para marcas como Inditex, H&M, Primark y Uniqlo.
La principal reivindicación de los trabajadores es elevar el salario mínimo mensual de 12.500 takas (unos 100 dólares) a 30.000 (unos 244 dólares), ante el encarecimiento de la vida.
Los trabajadores cobran conforme a las escalas salariales del sector, que el Gobierno se ha comprometido a revisar, independientemente del precio al que las marcas vendan después las prendas en sus tiendas.
Sin embargo, los precios de compra y las condiciones impuestas por los clientes internacionales influyen en los márgenes de los fabricantes y en su capacidad para asumir aumentos salariales.
Por ahora no se ha identificado qué grandes marcas reciben producción de las plantas paralizadas ni se ha cuantificado el impacto directo sobre sus suministros.