“Hoy en día los grupos armados están asediándolos, intimidándolos y eventualmente asesinándolos”, expresa Marín, quien recuerda que desde la firma del pacto han sido asesinados 521 firmantes, según cifras de la Defensoría del Pueblo, cuando están a punto de cumplirse diez años del acuerdo que puso fin a más de medio siglo de enfrentamiento con esa guerrilla.
Pese a esto, son más de 10.000 excombatientes que siguen en proceso de reincorporación a la vida civil, de cerca de 14.000 que suscribieron el acuerdo, aunque actualmente muchos de ellos siguen viviendo riesgos por falta de garantías de seguridad, jurídicas y socioeconómicas.
"En el tema de garantías de protección de hecho hay una sentencia de la Corte Constitucional del 2022 que muestra el grave riesgo, pues han asesinado más de 500 firmantes del acuerdo de paz debido a que hay unos riesgos relacionados con la expansión de la violencia", señala Marín.
En la actualidad, Colombia vive conflictos armados en varias regiones del país por la actividad delictiva de las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo -la mayor banda criminal del país-, que luchan por el control territorial y por las rentas ilícitas.
Una década después del acuerdo, la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), el tribunal transicional creado para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto, está sumida en la incertidumbre por el proyecto legislativo que busca que su actividad concluya en 2028, en lugar de prorrogarla cinco años más.
El Gobierno, que respaldó un recorte de unos 170.000 millones de pesos (unos 52 millones de dólares) al presupuesto del tribunal para 2027, ha puesto en duda su necesidad. El presidente, Abelardo de la Espriella, ya planteó durante la campaña electoral la eliminación de la JEP.
En ese contexto, la Defensora del Pueblo considera que "es importante que los comparecientes ante la JEP y quienes se desmovilizaron y han cumplido, han dejado las armas, tengan una seguridad" de que se cumplirá lo acordado.
"La discusión de la JEP debe tender a la eficiencia, pero no a generar inseguridad jurídica en quienes están reincorporando y socioeconómica", considera Marín, quien apunta que muchos casos quedarían sin judicializar si este tribunal desaparece en dos años.
"Bueno, cerremos la JEP por la razón que sea, cerrémosla. ¿La fiscalía sí va a poder procesar, judicializar y sancionar todos esos casos? ¿Lo va a hacer en cuánto tiempo? ¿Y por qué ahora sí? ¿Y por qué no lo pudo hacer durante el conflicto armado antes de que existiera la JEP?", reflexiona.
Marín destaca que si bien "nadie en el país" afirma que "los derechos de las víctimas no son importantes y hay un consenso aparente en torno a los derechos de las víctimas", en la práctica institucional no percibe "esa misma fuerza".
"Hay que decir que es un problema y una responsabilidad grande porque son más de 10 millones de personas que han sufrido la victimización y hay un tema presupuestal y de sostenibilidad importante. Pero tampoco vemos que el país esté discutiendo en torno a de dónde vamos a sacar la plata (para reparar a las víctimas)", dice.
Por eso, la defensora hace un llamado para que haya "debates grandes" sobre lo que debe hacer Colombia para "que las víctimas tengan una mejor respuesta en justicia", así como en reparación, verdad y no repetición, que son los pilares del controvertido acuerdo de paz.