"El ministerio tiene como objetivo gestionar el sector de los medios de comunicación de Afganistán de acuerdo con las necesidades actuales del país", declaró el portavoz del Ministerio de Información y Cultura, Khabib Ghufran, según el medio afgano ToloNews.
La postura del autodenominado Emirato Islámico responde a la investigación publicada el miércoles por RSF, que denunció la existencia de un entramado de vigilancia, detenciones arbitrarias e intimidación diseñado para erradicar el periodismo independiente bajo el régimen talibán.
"No tenemos constancia de ningún caso en el que un periodista o medio de comunicación haya tenido problemas relacionados con el periodismo. Sin embargo, si se producen infracciones a la libertad de prensa, el ministerio las aborda en coordinación con los medios de comunicación implicados", agregó Ghufran.
De acuerdo con la organización, los servicios de inteligencia talibanes crearon tras su regreso al poder en agosto de 2021 la "Unidad 015", un departamento especializado en interrogar, arrestar y torturar a periodistas que contradigan la narrativa oficial o investiguen asuntos sensibles como los derechos de las mujeres y la pobreza.
El informe de RSF documenta al menos 74 detenciones de comunicadores desde la toma de Kabul por los fundamentalistas, con penas de encierro de entre una semana y dos años, además de redadas conjuntas con el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio y la confiscación de material periodístico.
Testimonios bajo anonimato recogidos por la entidad relatan palizas sistemáticas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución con armas en la sien y traslados a prisiones de alta seguridad como la de Bagram.
Citando filtraciones internas de la Dirección General de Inteligencia (GDI) afgana, RSF aseguró que los talibanes invirtieron 70,7 millones de afganis (unos 900.000 euros) para manipular la opinión pública y controlar unas 1.500 cuentas en redes sociales con identidades ficticias y falsos perfiles femeninos pro-talibán.