Las suspensiones afectan a las zonas industriales de Savar y Ashulia, en las afueras de Daca, según informó Mohammad Mominul Islam Bhuiyan, superintendente de la Policía Industrial, en un balance actualizado a primera hora de la tarde.
De las 59 fábricas, 18 fueron cerradas al amparo del artículo 13.1 de la legislación laboral, otras 17 fueron declaradas cerradas indefinidamente y cinco recibieron órdenes verbales de cierre, mientras las restantes suspendieron la actividad durante la jornada.
El artículo 13.1 permite a los empresarios cerrar total o parcialmente sus instalaciones ante determinadas huelgas ilegales y suspender el pago de salarios a los trabajadores participantes durante el período de cierre.
La decisión es parte del conflicto iniciado a finales de octubre, cuando miles de trabajadores comenzaron a movilizarse para reclamar un salario mínimo mensual de al menos 30.000 takas (unos 245 dólares), frente a las 12.500 takas (102 dólares) actuales, además del pago de atrasos y mejoras laborales.
El Gobierno constituyó el 1 de noviembre una nueva junta salarial para revisar las remuneraciones del sector, pero las negociaciones todavía no han permitido poner fin a las protestas, que en los últimos días provocaron interrupciones de producción en centenares de fábricas.
Varios trabajadores que acudieron este sábado a sus puestos encontraron avisos de cierre en las puertas de las instalaciones y tuvieron que regresar a sus hogares, según informaron medios locales.
La Policía Industrial indicó que la situación permanecía tranquila durante la jornada, sin nuevos enfrentamientos, pese a las suspensiones de actividad.
La Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Bangladesh (BGMEA) convocó este sábado una reunión extraordinaria para decidir cómo responder a las interrupciones de producción, en medio de advertencias empresariales sobre el riesgo de incumplir pedidos internacionales.