El gobernante ultraderechista llegó con una agenda que ha tenido que ajustar casi que desde el primer momento porque el 10 de agosto, apenas tres días después de haber asumido, un terremoto de magnitud 7,4 devastó el centro-oeste de Colombia.
Sin embargo, los primeros 100 días del nuevo Gobierno han estado marcados por la inestabilidad, pues cerca de una veintena de funcionarios han dejado sus cargos, incluidos los ministros de Educación Viviane Morales e Interior Rodrigo Lara.
También ha radicalizado su discurso y desatado la 'batalla cultural', con el rechazo del acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 y el intento (fallido) de retirar más de 60 obras del Museo Nacional que consideró ideológicas.
De la Espriella recibió una situación de seguridad delicada, con un aumento de los integrantes de los grupos armados hasta los 29.000 miembros, entre personas en armas y redes de apoyo logístico y financiero.
En una de sus primeras decisiones, a finales de agosto, tomó la decisión de terminar las conversaciones con todos grupos armados, iniciadas por su antecesor, alegando que esas organizaciones no tenían verdadera voluntad de paz.
En esa línea, con pistola en el cinto, un radioteléfono y acompañando operaciones policiales y militares, el presidente impulsa una política de mano dura frente a guerrillas, paramilitares y narcotraficantes tras el fin de la política de 'paz total', que hasta el momento recurre a golpes de efecto, anuncios mediáticos y ostentación de resultados.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) resaltó en el análisis 'Más allá del relato, ¿Qué ha ocurrido en los primeros 100 días de De la Espriella?' que si bien la seguridad es el centro de la agenda del Gobierno, aún no hay "una estrategia capaz de traducir los operativos en una reducción del poder de los grupos armados".
Para la FIP, "el protagonismo que ha asumido el presidente en la comunicación de los resultados también debe ser revisado".
En concreto, consideró que "la exhibición de cuerpos de personas abatidas, la confrontación pública con detenidos y la presencia del mandatario en operativos pueden producir réditos políticos inmediatos, pero desplaza a las instituciones encargadas de conducir la seguridad y abren flancos jurídicos y de legitimidad".
De seguido la fundación agregó: "El liderazgo presidencial es necesario; el protagonismo personal, en cambio, puede debilitar a las instituciones que deberían sostener la política".
Al comparar la cifras de seguridad de agosto y septiembre de este año con las del mismo periodo de 2025, la FIP destacó, por ejemplo, que los homicidios disminuyeron un 10,6 %, los secuestros bajaron un 66,3 % y los enfrentamientos un 61,9 %, mientras que aumentaron un 44,4 % los ataques contra infraestructura y bienes civiles y crecieron un 37,5 % los confinamientos.
"Esta combinación confirma que la reducción de algunas expresiones de violencia no necesariamente significa que los grupos armados hayan perdido capacidad de control o influencia", añadió.
El Gobierno nuevo recibió el pasado 7 de agosto una economía con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del PIB en 2025 y una deuda pública en el 60,5 % del producto interno bruto (PIB), una tasa récord.
De la Espriella ordenó a su equipo económico iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar una salida a la situación fiscal, aunque hasta el momento el apoyo no se ha concretado.
Igualmente anunció un recorte de 13,8 billones de pesos (unos 4.158 millones de dólares) en el gasto del Estado, que atribuyó a medidas de austeridad, menores costos del servicio de la deuda y la eliminación de contratos.
Su Gobierno también presentó al Congreso un proyecto de Ley de Rescate Económico que busca frenar el crecimiento de la deuda pública, fortalecer las finanzas del país, proteger a los sectores más vulnerables e incentivar la inversión privada.
"La aprobación integral de la ley es el único escenario en el que el Gobierno recibe más de lo que gasta antes de pagar intereses", advierte por su parte el centro de pensamiento económico ANIF.
Sin embargo, la oposición, liderada por el excandidato presidencial y senador Iván Cepeda, considera que la propuesta gubernamental afecta "severamente" a los ciudadanos.
"Estamos preocupados porque esta es una manera de retribuir o de cumplirle al FMI. Es una reforma tributaria que vuelve al pasado en términos de romper con el principio de progresividad en el pago de los impuestos y de invertir de nuevo las cargas", explicó Cepeda a EFE el pasado 30 de octubre.