Según el informe de la organización, la mayor ONG de defensa de los derechos humanos en Marruecos, las protestas del movimiento 'Generación Z', que sacudieron Marruecos en septiembre de 2025 con reivindicaciones sociales, concentraron una amplia ola de detenciones y procedimientos judiciales.
La AMDH documentó más de 5.780 arrestos, de los cuales más de 3.300 fueron puestos en libertad tras la comprobación de su identidad, mientras que 2.480 fueron remitidos a la Fiscalía. De estos, 1.473 permanecieron en prisión preventiva, 959 quedaron en libertad provisional y en 48 casos se archivó el procedimiento.
La asociación subrayó que entre los detenidos figuran numerosos menores de edad y que algunas detenciones continuaron incluso después del fin de las movilizaciones, incluidas operaciones en domicilios que, según la AMDH, "plantean dudas sobre el respeto de las garantías legales y la intimidad".
Las acusaciones incluyeron, entre otras, 'rebelión armada', 'insultos y violencia contra funcionarios públicos' e 'incitación a la comisión de delitos'.
Solo en octubre de 2025 se dictaron más de 240 sentencias relacionadas con estas protestas. Entre ellas figuran penas de 15 años de prisión para cuatro detenidos, de 12 años para otro y de 10 años para 31 personas, además de condenas de seis y cinco años.
En materia de libertad de expresión, la AMDH denunció que seis destacados detenidos de la revuelta del Rif, que estalló en esa zona del norte de Marruecos a finales de 2016, continúan cumpliendo penas de entre 10 y 20 años en una prisión de la ciudad norteña de Tánger, casi una década después de su arresto.
La organización documentó además alrededor de 79 periodistas, blogueros y activistas detenidos por sus opiniones, publicaciones, vídeos, investigaciones periodísticas o participación en protestas pacíficas, además de decenas de personas procesadas en libertad o condenadas a penas suspendidas.
La AMDH consideró que varios de estos casos constituyen "detenciones políticas o arbitrarias" vinculadas al ejercicio del derecho de opinión y expresión.
Asimismo, denunció el uso de cargos penales amplios y vagos, como 'ultraje a las instituciones del Estado', 'atentado contra lo sagrado', 'ofensa a instituciones constitucionales', 'incitación a manifestarse' o 'atentado contra la unidad territorial', que, a su juicio, criminalizan las críticas y "convierten la justicia penal en un instrumento para restringir libertades".
La asociación también denunció el hostigamiento de al menos 17 de sus militantes, tanto a nivel central como local, por su actividad en defensa de los derechos humanos y su apoyo a protestas sociales y políticas.