La denuncia del abogado Gabriel Quintana por intento de homicidio fue presentada el pasado 13 de enero y la investigación está a cargo de la fiscala Lilian Ruiz, quien, no obstante, otorgó medidas alternativas a la prisión al sospechoso presunto atacante, identificado como Juan Castillo Rangel, quien actualmente convive con su expareja Mirna Villalba Gamarra.
Según relató Quintana, el mismo mantuvo una relación de seis años con Villalba hasta que el pasado 5 de noviembre el hombre decidió abandonar la vivienda debido a una supuesta infidelidad por parte de su pareja. Desde ese momento, las disputas entre ambos se trasladaron al ámbito judicial, puesto que hay acusaciones mutuas por presuntas agresiones y denuncias de violencia familiar.
El pasado 21 de noviembre, Quintana fue hasta la vivienda que anteriormente compartía con su pareja y, luego de nuevos incidentes, denunció ante la Comisaría de Yataity del Norte que en el sitio observó presuntos vehículos que estaban siendo preparados con un doble fondo. Mencionó que la versión que maneja es que Castillo, de nacionalidad española, estaría vinculado al tráfico de drogas.
Posteriormente, el 23 de diciembre fue imputado por la Fiscalía por una denuncia que realizó su expareja por supuesta violencia familiar. El día de Navidad, afirmó que ya recibió informaciones de parte de contactos en la Policía Nacional de que habría un supuesto plan para atentar contra su vida.
Luego de varias disputas, el mencionado día 13 de enero, Quintana se presentó en el juzgado para intentar saber sobre el avance de las denuncias que presentó; sin embargo, en ese sitio fue donde se produjo el supuesto ataque de Castillo, que se encontraba en compañía de su expareja. Según el relato que consta en la denuncia, Castillo los atacó con un arma punzante, pero logró zafar con ayuda de personas presentes en el sitio.
Quintana comentó que, a raíz de ese hecho, ayer se procedió a la captura de Castillo, pero por su edad, la Fiscalía le otorgó prisión domiciliaria. El hombre afirma seguir recibiendo amenazas y que incluso tiene información policial de que habrían ofrecido una recompensa de G. 50 millones por asesinarlo.
A raíz de esto, afirma que optó por contar con guardia privada y tuvo que abandonar su vivienda. Destaca que duda incluso de la Justicia, ya que las denuncias que realizó no son tenidas en cuenta y teme por su vida.