Ezequiel Santagada, director Ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (Idea), una de las organizaciones sociales que más activamente promovió y trabajó en los proyectos de Ley de Financiamiento Político y el de hacer públicas las Declaraciones Juradas (DD.JJ.) de los funcionarios, consideró especialmente grave lo planteado en Diputados respecto a las DD.JJ.
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El mismo recordó que Diputados es cámara revisora del proyecto de Ley de DD.JJ., por lo que lo que se defina ahí, será remitido al Ejecutivo. Pero lo peor es el proyecto que entrarían en vigencia o bien, mantiene la exigencia de una orden judicial para hacer públicas las declaración de bienes de los funcionarios, algo que actualmente no está establecido en la Ley, o peor aún, eliminaría la punibilidad de las declaraciones falsa.
“Actualmente si yo, ustedes o cualquier hace una declaración jurada falsa y se les descubre, se tiene que abrir una causa por Declaración Jurada Falsa con una expectativa de pena de hasta 5 años (de cárcel), establecido en el Código Penal. Una de las cosas que proponen es que si ellos hacen una declaración jurada y han tenido algún ‘error’, no pasa nada, es una cuestión que se resuelve en el ámbito administrativo, y no tiene consecuencias penales”, explicó sobre la posibilidad más grave que se apruebe.
El punto de la no punibilidad de las declaraciones falsas es especialmente grave, ya que permitiría a los políticos simplemente modificar -sin sanción alguna- cualquier dato falso que hayan declarado. Uno de los ejemplos más tangibles es el del senador Javier Zacarías Irún, que justamente está imputado por declaración falsa y otros hechos punibles.
“Habrá que ver qué acuerdos políticos se dan, pero insisto, una de ellas era especialmente aberrante, dejar sin punibilidad el falseamiento de las declaraciones juradas. La otra era, ninguna modificación, era simplemente seguir exigiendo que sea con orden judicial”, explicó Santadaga sobre las dos alternativas que quedan.
Sea lo que sea aprobado, terminarán sepultando importantes logros ciudadanos en ámbitos judiciales, ya que existen dos fallos favorables de jueces que indicaron que las declaraciones juradas deben ser públicas.
Santadaga recordó que se estaba esperando el fallo de la máxima instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para con ese respaldo presentar un proyecto de ley que abra las DD.JJ. para toda la ciudadanía, pero el exsenador Paraguayo Cubas terminó matando dicha posibilidad.
“En una actitud sumamente populista e irresponsable, el senador Paraguayo Cubas presentó un proyecto de ley sin armar los consensos políticos necesarios, lo que finalmente termina con el mamotreto de la Ley 6355, que el presidente (Mario) Abdo Benítez no veta porque esa noche, el diputado (Basilio) “Bachi” Núñez estaba anunciando públicamente su juicio político”, recordó el abogado, apuntando directamente a Cubas como responsable de blindar los datos de bienes de los políticos.
Financiamiento Político
Si bien Diputados también bastardeó el proyecto de Ley de Financiamiento Político, que debería de buscar transparentar el origen del dinero destinado a las campaña políticas, Santagada consideró que está situación es aún reversible y un tanto más alentadora que en cuanto a las DD.JJ., ya que la última palabra la tendrá el Senado.
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“Todavía queda un partido importantísimo por jugar en el Senado y acá la clave está en que la Cámara Alta es cámara revisora y quién va a tener tiene la última palabra, no Diputados, y en el Senado, más allá de cualquier opinión, por lo general prima un poco más la racionalidad y el sentido común que es lo que muchas veces no se ve en la Cámara de Diputados“, consideró.
A juzgar por actitudes y antecedentes previos, consideró que los pactos que se dan en Diputados no suelen reflejarse fielmente en la Cámara Alta, lo que daría una posibilidad de lograr una mejor ley para el control del Financiamiento Político.
No obstante aclaró que lo que se aprobó en Cámara Baja hoy es más de lo mismo y llamarla “Ley de Financiamiento Político” es solamente “un eslogan” que no cambiaría la situación actual.
Insistió en que no se requieren dar más atribuciones a las instituciones que actualmente ya cuentan con todas las herramientas jurídicas para el control tanto de las DD.JJ. como del Financiamiento Político, lo que hay que hacer es abrir los datos y disponibilizarlos a la ciudadanía para que esta, a través de la tecnología, pueda ver por si misma la información y a partir de ahí denunciar los hechos.
Recordó el caso de la publicación de los salarios públicos, los cuales fueron sistematizados en el denominado “Buscador del Pueblo” por nuestro diario ABC Color, y a través de los cuales la ciudadanía denunció tres casos insignes, el de Víctor Bogado y su “niñera de oro”, el de José María Ibáñez y su “caseros de oro” y otros. En todos esos casos, se devolvió el dinero del pueblo y además, los políticos involucrados perdieron sus cargos de poder.