19 de abril de 2026

Tras el hurto de G. 300 millones de su camioneta, el precandidato a concejal cartista de Luque Mario Gustavo Pineda rechazó las acusaciones sobre el origen del dinero y afirmó que puede demostrar su legalidad. Además, sugirió que el hecho pudo haberse originado a partir de una filtración dentro de su propio equipo político.

Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), aseguró que el organismo no puede realizar una intervención directa tras la confesión del concejal aregüeño Pablo Ayala, quien declaró haber entregado un cheque de G. 600 millones al intendente de Areguá, Denis Torres (ANR-HC), que sufrió un asalto esta mañana.

Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del TSJE, aseguró que el proyecto sancionado en el Senado ayer no “mejora ni empeora” el control del financiamiento político. Señaló que solo se incluyeron cuestiones “de forma” y no se tuvieron en cuenta algunas recomendaciones del Tribunal Electoral para realmente fortalecer el mecanismo de control.

La Cámara de Diputados aprobó las modificaciones introducidas en el Senado y sanción el proyecto de ley que propone simplificar el proceso relacionado a las declaraciones de ingresos y gastos de campaña que regula el tema del financiamiento político.

La semana pasada, el Congreso Nacional fue nuevamente escenario de restricciones a derechos fundamentales, esta vez con la modificación del Código Electoral, pero específicamente en lo concerniente al financiamiento político, un tema siempre álgido puesto que solo un control estricto de los fondos de financiación de campañas electorales puede combatir el lavado de dinero, muchas veces proveniente del narcotráfico. En la misma línea renuente a los controles y la transparencia que el cartismo demostró desde la asunción al poder, esta vez se aprobó la modificación de varios artículos del Código Electoral. Entre otras cosas, se propone simplificar el proceso relacionado a las declaraciones de ingresos y gastos de campaña que regula el tema del financiamiento político, lo cual podría abrir las puertas a la falta de control y transparencia sobre los orígenes de los fondos de financiamiento, en medio de indicios del fortalecimiento de la narcopolítica en Paraguay.