Tras un largo debate desarrollado este martes durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, para tratar el proyecto de ley de declaración jurada de bienes de las autoridades, los diputados votaron en su mayoría por aprobar el proyecto, pero con modificaciones. Sin embargo se mantiene como barrera principal la orden judicial previa para que sea pública dicha declaración del funcionario.
Posteriormente realizaron una nueva votación para decidir si trataban las modificaciones en cuestión en la misma fecha o en una ocasión posterior.
Nuevamente por mayoría de votos se decidió tratar en la fecha, pero lo que hicieron los diputados que estaban en contra de esta postura fue plantear a los demás retirarse de la sesión y así dejarla sin quórum, para evitar así estratégicamente que las modificaciones del proyecto sean tratadas hoy.
Algunos diputados, entre ellos Rocío Vallejo (Patria Querida) mencionaron que les parecía irresponsable tratar las modificaciones en particular ya en la fecha, pues se encontraban varios errores, incluso de ortografía, en el documento del proyecto.
La diputada Kattya González señaló que el artículo era excesivamente largo, y que en su carrera nunca había visto un artículo redactado con esa extensión, lo que le parecía incorrecto.
Poco a poco, algunos legisladores fueron levantándose de su lugar e incluso algunos se despidieron del presidente de la sesión con un apretón de manos.
Luego se realizó la verificación del quorum y se percataron de que ya no había legisladores suficientes en sala, por lo que la sesión fue levantada hasta la vuelta del receso parlamentario.
Este proyecto abroga la Ley 6355, a fin de eliminar las restricciones que impiden a los ciudadanos a acceder a las declaraciones juradas bienes de los funcionarios públicos. La propuesta, aprobada en el Senado, propone que cualquier ciudadano pueda acceder a los detalles, a través de internet, de los bienes y rentas declarados por los funcionarios públicos.
La intención de un grupo de diputados es evitar que la norma que fue promulgada en agosto pasado entre en vigencia el 6 de febrero próximo, considerando que la misma dispone que solo con orden judicial se podrá acceder a todas las declaraciones juradas de bienes.