A través de su cuenta de Twitter, el abogado anunció que ingresará hoy esta acción de inconstitucionalidad “contra las resoluciones que, contrariando el Art. 191 de la Constitución Nacional, privaron de su libertad a Miguel Cuevas”. El defensor del diputado asegura que estas “violentan las mismas bases constitucionales de la República, por intromisión de un poder en otro”.
Argumentó esta mañana que el problema radica en la aplicación correcta del artículo 191, que habla de las inmunidades de los miembros del Congreso. Aseguró que si se sigue con la postura actual bastaría con que “sus pares le quieran perjudicar” a cualquier parlamentario para “dejarlo a merced de procesos por algo que no se puede”.
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“No aplicar correctamente los alcances del desafuero nos llevaría a dejarle a un legislador a merced de que cualquiera pueda llevar un proceso penal y que si se desafora es solo cuestión suya y de su suerte”, criticó.
Finalmente, señaló que va a solicitar que se integre al pleno de la Corte Suprema de Justicia para debatir su acción de inconstitucionalidad. “Basta que un ministro peticione y será obligatoria la cuestión. Planteé en el recurso que sería bueno que esto se realice”, agregó.
Recordemos que Cuevas fue imputado en julio de 2019 por un presunto daño patrimonial de G. 1.700 millones cometido durante su gestión como gobernador de Paraguarí, entre los años 2013 y 2018.
El pasado 14 de febrero, el juez Yoan Paul López resolvió que el diputado colorado abdista guarde prisión preventiva en la Agrupación Especializada, ante el peligro de obstrucción a la investigación por sus influencias políticas. Finalmente, el 20 del mismo mes, el legislador no tuvo más opción que presentarse para cumplir la orden judicial, luego de varios intentos de evadirla.
Por otra parte, el juez resolvió medidas alternativas a la prisión para los demás implicados en el caso: la esposa del diputado, Nancy Florentín de Cuevas, y su hijo Enzo. Ambos tienen prohibición de salida al país y de cambiar de domicilio y deben comparecer mensualmente ante el juzgado para firmar el libro de actas judicial. Además, deben pagar una caución real de G. 200 millones cada uno.
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