El abogado Robert Marcial González, representante legal de Kattya González, apuntó que “la pelota está en la cancha de la Corte” en referencia al caso de la exsenadora y la acción de inconstitucionalidad promovida tras su expulsión. A criterio del profesional, incluso “cada día se torna más fácil” el caso para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El abogado César Bóbeda continúa con su medida de fuerza frente al Palacio de Justicia, por segundo día consecutivo, como denuncia de un esquema extorsivo instalado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Sindicalistas y extrabajadores de la Azucarera Guarambaré SA se movilizaron esta mañana frente al Palacio de Justicia para exigir a los ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el rechazo de una acción de inconstitucionalidad, planteada por la industria luego de que, en el marco de un juicio por despido injustificado, se haya emitido un fallo para que los empleados sean indemnizados.
Los fiscales Rodrigo Estigarribia y Francisco Cabrera impulsaron una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de que un Tribunal de Apelación revocara una resolución del Juzgado de Garantías admitiendo las pruebas de la fiscalía, cuatro años después de presentada la acusación contra del acusado Carlos Hugo Sosa Palmerola, sindicado como el vaciador de “Ára de Finanzas”.
La Corte Suprema de Justicia, luego de 6 años, integró la Sala Constitucional ampliada con el pleno de los miembros del alto tribunal para analizar la acción de inconstitucionalidad promovida por el Consejo de la Magistratura (CM), contra la ley que le obliga a incluir en ternas a jueces, fiscales y defensores públicos que concursan para seguir en sus mismos cargos.
En un análisis realizado por la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) se dejó constancia de que la Corte Suprema de Justicia ya hizo lugar en 2013 a una acción de inconstitucionalidad contra un decreto del 2012, que también fijaba el precio de flete a los camioneros. Por este precedente, la ley de fletes no puede ser aprobada porque viola la Carta Magna, según dictamen.