Denuncian invasión de tierras con documentos irregulares y no pueden apelar por paro judicial

Agentes policiales acompañan la ocupación de tierras que, según los dueños de las estancias, es totalmente irregular.Omar Acosta

Ganaderos denuncian que, con documentos plagados de irregularidades, numerosas personas acompañadas de agentes policiales invaden sus tierras. Debido a la suspensión de actividades en el Poder Judicial, los afectados no pueden ejercer su defensa ni evitar la ocupación.

Las estancias Lagunita, Alegría, Amaporã y Kary, situadas en el departamento de Canindeyú -en el límite con el departamento de San Pedro-, fueron ocupadas por Cantalicio Argüello mediante una orden firmada por un juez. Los afectados aseguran la existencia de irregularidades y que se fraguaron títulos. Además, lamentan que no puedan recurrir a la Justicia por el momento que vive el país a raíz del COVID-19 y la suspensión de actividades en el Poder Judicial.

“Incumplen el decreto presidencial y juntan gran cantidad de personas para ingresar en un propiedad privada con apoyo policial. Estamos seguros que algo falló en la Justicia y vamos a reivindicar, pero por ahora nada podemos hacer mientras se instalan en la propiedad privada”, dijo Fernando Kuchemeister, abogado de la estancia Kary.

Supuestamente, en un remate judicial, Cantalicio Argüello quedó con mil hectáreas que afectan unas 175 ha a la estancia Kary, 25 ha a Lagunita, 200 ha a la estancia Alegría y 600 ha a la estancia Amaporã.

Los propietarios no pueden recurrir a la Justicia para evitar la invasión.

Los afectados muestran títulos del inmueble que datan de hace 30 años y sospechan que hace más de 20 años un grupo de abogados retiró créditos de un banco en quiebra con titulo falso. Creen que las tierras que se llevaron a remate nunca existieron en la práctica y, además, los propios jueces afirman que nunca se tuvo posesión de éstas.

Tampoco en la municipalidad de la zona conocen datos del inmueble e, incluso, la Municipalidad de Villa Ygatimí envió una nota a la Dirección General de los Registros Públicos para consultar datos sobre el inmueble rematado.

Los propietarios de las estancias afectadas afirman que hace más de 30 años trabajan en la zona y cuentan con títulos de propiedad pero están en litigio en el Poder Judicial. Afirman que los documentos demuestran la irregular existencia de las tierras que se remataron y que no corresponden al lugar ocupado hoy.

Finalmente, lamentaron que se invadan sus tierras y que por el momento estén de brazos cruzados debido a que se paralizaron las actividades judiciales y, por ende, no puedan recurrir a la Justicia.

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