Gladys Mancuello, una de las afectadas, señaló hoy a nuestro diario que en noviembre del año pasado se reunieron con el nuevo titular del BNF, Carlos Florentín, y hasta ahora no hay respuestas a las necesidades de todos los afectados.
“Nosotros ya tuvimos una cuarentena de tres años con el metrobús y ahora, con esta cuarentena por el coronavirus, estamos nuevamente en una situación difícil. Seguimos sin conseguir el crédito del BNF porque muchos afectados están en Informconf, porque ya no pudieron pagar sus cuentas cuando iniciaron las obras del metrobús, porque las ventas cayeron totalmente. Pedimos por favor que nos ayuden, estamos pasando muy mal”, expresó.
A su turno, Nelson Escobar, otro frentista de la obra, señaló que al menos 120 comerciantes pidieron créditos de apoyo al BNF, pero a penas 10 fueron beneficiados por las exigencias que estableció la entidad.
“Muchos salimos del radar financiero por las deudas que acumulamos debido a que ya no vendíamos , pero no tenemos respuestas. Incluso a los compañeros que son clientes del banco le ponen trabas. Lo mismo ocurre con los créditos por la emergencia del covid-19 para las microempresas, es muy burocrático”, agregó.
Aclaró que el titular del MOPC, Arnoldo Wiens, incluso logró audiencias con el titular del BNF, pero las reuniones fueron infructuosas.
Avanzan demolición y no recuperan garantías.
Vale señalar que el MOPC demolió las “paradas” que se construyeron para el metrobús y, además, “mejorará” toda la avenida que fue intervenida por Mota Engil. Con esto ya desaparecieron todas las estructuras que fueron erigidas por la firma portuguesa, que cobró US$ 30 millones sin terminar ni la mitad de la obra.
Esta llamativa decisión se tomó pese a que se tienen dos demandas arbitrales y también otras dos denuncias que investiga el Ministerio Público, por lo que se teme una “desaparición” de evidencias. Sobre el punto, la Procuraduría informó que antes de la demolición se hicieron informes en los que constataron las obras inconclusas que dejó Mota Engil.
Vale señalar que Obras Públicas podría recuperar solo US$ 13 millones de los US$ 30 millones que pagó a la empresa Mota Engil, si logra ejecutar las garantías del Banco Itaú (por el anticipo) y de Royal Seguros (por incumplimiento del contrato). Esto significa que la cartera no recuperará ni la mitad de lo que desembolsó a la firma portuguesa por las obras que hoy están siendo demolidas.